Los concursos públicos son uno de esos trámites sagrados en la administración. La ley marca unos requisitos estrictos que deben respetar tanto los funcionarios como las empresas que quieren un contrato público.
La empresa hotelera Hotusa fue excluida la semana pasada de la licitación para gestionar el Palacio de Congresos y el hotel anexo. La mesa de contratación argumentó que la compañía catalana incumplió "el deber de secreto de la oferta". El motivo fue que Hotusa entregó suelto un lápiz USB con documentación del concurso, cuando esa información debía estar dentro de cada uno de los sobres cerrados.
Las reglas del concurso para gestionar el Palacio de Congresos explicaban de forma clara cómo se debían presentar las ofertas. La cláusula décima establecía la "forma y contenido de las proposiciones". Los documentos se debían entregar en "tres sobres, cerrados y firmados por el licitador". En cada uno de los sobres debía figurar información distinta para garantizar que la mesa de contratación (los jueces del concurso) no se viese influenciada en las diferentes fases del procedimiento.
La normativa también establecía que "cada sobre deberá presentarse en formato digital". Y allí fue donde falló Hotusa, que presentó un lápiz de memoria fuera de los sobres. El hecho de que el USB no estuviera en los sobres cerrados supuso que la mesa de contratación la excluyera de forma automática del concurso.
Ese será el argumento que detallará Palau de Congressos S. A. ante el juez de lo contencioso administrativo que ha ordenado paralizar de forma cautelar el concurso público. Un abogado de la sociedad pública y los funcionarios que forman parte de la mesa de contratación se están encargando de redactar las alegaciones ante el juez.
El concurso "era muy claro"
"La empresa que quedó excluida no presentó los papeles como tocaba y el concurso en eso era muy claro", recordó ayer el vicepresidente del Govern balear, Biel Barceló (Més).
El Ayuntamiento de Palma y el Govern -las dos instituciones que conforman al 50% la sociedad Palau de Congressos S. A.- esperan que la Justicia desbloquee en breve el concurso público para que la instalación, finalizada desde principios de año, abra al público a partir de 2017.
Barceló espera que el levantamiento de la suspensión cautelar llegue en cuestión de días. "Si el juez decide otra cosa, lo que tenemos que hacer es acatar lo que la Justicia diga y mientras tanto seguir trabajando para tener la infraestructura lista lo antes posible", manifestó el conseller autonómico. El político econacionalista también opinó que "el Palacio de Congresos nació con gafe desde el primer momento" y espera "que el tiempo que el concurso esté parado sea el mínimo posible".
Este concurso, que fue convocado a finales de mayo, es el sexto intento de las administraciones públicas para encontrar a una empresa que se haga cargo del centro de convenciones palmesano.
La suspensión cautelar de la licitación será uno de los temas que se discuta hoy durante el consejo de administración de Palau de Congressos S. A., que está convocado a partir de las 12.30 horas. En la reunión los responsables de Cort y Govern también decidirán si sancionan a la constructora Acciona por el retraso de 73 días en finalizar las obras. El borrador del informe de liquidación establece, a faltar de completar algunos cálculos, que la sociedad pública exigirá tres millones de euros a la multinacional por la tardanza en las obras y la devolución de un anticipo que les fue entregado en 2013.
