11 de agosto de 2016
11.08.2016
Trama corrupta

Una funcionaria confiesa que las plazas estaban elegidas antes de la oposición

La administrativa confirma que el intendente Vera pretendía colocar a los policías de su confianza

12.08.2016 | 02:03
La funcionaria salpicó al intendente Vera.

La funcionaria del Ayuntamiento de Palma, que trabaja de administrativa en la Policía Local, confesó ayer al juez Penalva que se tomaron decisiones irregulares en el proceso de selección de las plazas de oficial que perjudicaron a policías que tenían más puntuación para ocupar ese destino. Esta trabajadora pública fue interrogada como investigada, después de que aparecieran unos documentos, con varios correos electrónicos internos, en los que se ponía en evidencia que antes de que se convocaran las oposiciones de oficial, ya estaban designados los nombres de los policías que iban a ocupar estos destinos estratégicos. Se habían elegido a policías de la máxima confianza del intendente y de los responsables políticos, por lo que se sospecha que se les facilitó las preguntas de la oposición de oficial, para que aprobaran.

Esta funcionaria fue citada ayer como imputada porque escribió en un correo electrónico, que envió a una compañera administrativa, la frase "estamos muertos, de aquí a los juzgados". Los investigadores interpretan que esta frase denota que los funcionarios detectaron irregularidades en el proceso de designación de plazas, que dirigía el entonces intendente Antonio Vera. Sin embargo, y a pesar de que se estaba perjudicando a otros oficiales con más antigüedad interesados en ocupar estas plazas, ningún trabajador público denunció las irregularidades que se estaban cometiendo.

Reuniones sospechosas

La empleada pública confirmó que antes de la designación definitiva de las plazas que iban a ocupar los oficiales, el intendente Vera convocó tres reuniones. En una asistieron los representantes sindicales y otros responsables de la Policía. Las dos siguientes, una celebrada antes de los exámenes, solo asistieron los opositores que ganaron una plaza de oficial. La funcionaria confesó que solo se convocó oficialmente la primera reunión, de la que se redactó un acta. En las dos siguientes, en cambio, no hubo ni convocatoria ni tampoco se levantó ningún acta, por lo que se desconoce qué temas se trataron. Lo que se sabe es que solo acudieron los oficiales que se presentaron a la oposición interna y que ganaron la plaza tras recibir previamente las preguntas del examen. La administrativa confesó que, a pesar de la importancia de estas últimas reuniones, porque se trataba de decidir los destinos que iban a ocupar estos oficiales, la convocatoria se hizo "boca a boca" y no a través del cauce oficial. Los investigadores se explican así que solo asistieran determinados policias, aunque todos los oficiales, no solo los que se habían presentado a la oposición, tenían derecho a estar presentes, porque las plazas se otorgan por antigüedad.

Oficial perjudicado

A la funcionaria que trabaja en el cuartel de Sant Ferran se le preguntó ayer sobre el caso de un oficial, que ha sido uno de los denunciantes de esta trama policial y que se interesó por ocupar un determinado destino. A pesar de que tenía más antigüedad en la Policía y, por tanto con más derecho que otros compañeros para ocupar una plaza vacante, se le denegó el destino. Vera había elegido para el mismo cargo a otro oficial con menos tiempo en la Policía, pero que era de su confianza. La administrativa confesó al juez que en ese momento no se dio cuenta del agravio que estaba sufriendo el policía.

Sin embargo, la funcionaria confesó que los correos que están a disposición del juez, en los que se mencionan las dificultades legales en este proceso interno en la Policía Local, se redactaron porque Vera ya había elegido a los hombres que él quería que dirigieran determinados destinos dentro de la organización policial. Y para ello necesitaba la aprobación del departamento del Ayuntamiento que se encarga del personal municipal. De hecho, el exjefe de personal de Cort está imputado en la causa.

Por otra parte, el juez Penalva ordenó que la declaración de la funcionaria del Ayuntamiento sea enviada al alcalde de Palma.

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