Carlos Veramendi, el exdiputado del Partido Popular, que ayer prestó declaración como imputado, negó que en alguna ocasión se aprovechara de su influencia política y utilizara a la Policía Local para perseguir y sancionar a los locales nocturnos, situados cerca de su domicilio, porque le molestara el ruido de las terrazas. El juez Manuel Penalva imputa al político los delitos de coacciones y tráfico de influencias. El magistrado no adoptó ningún tipo de medida cautelar contra Veramendi, si bien mantiene su condición de investigado.

El juez cuenta con cuatro declaraciones de testigos, todos ellos propietarios de locales nocturnos situados en la calle Industria de Palma, que coinciden en denunciar el acoso policial que sufrieron durante años, que consistía en una repetición de inspecciones. Algunos de estos locales sufrían hasta tres inspecciones cada semana, con las correspondientes mediciones de ruido y petición de los mismos documentos. Las mediciones, según las pruebas que tienen los investigadores, siempre confirmaban que el nivel de ruido era el permitido. De las múltiples actuaciones, solo se puso una sanción por exceso de ruido. El policía, según el denunciado, colocó el medidor junto a una batería durante un concierto musical.

Veramendi negó ayer que tuviera contacto directo con el exjefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, ni que fuera él, por su condición de cargo político, el que insistiera a la Policía Local para que realizara constantes inspecciones a estos locales. El político aseguró que el malestar por el ruido que generaban estos negocios era muy anterior a la fecha en la que él compró esta vivienda. Esta afirmación la acompañó con varias actas de reuniones de la comunidad donde se señala este problema. Aclaró que no denunciaba a título personal, sino en nombre de los vecinos. A la Policía no le constan denuncias de otros residentes, solo del político. De hecho, los empresarios que han declarado ante el juez han insistido en que la presidenta del edificio donde vive Veramendi les aseguró que no le molestaba el ruido, al contrario, le gustaba el ambiente que generaba la presencia de las terrazas de los bares.

Los empresarios también han coincidido en denunciar que la Policía Local siempre realizaba la inspección a la hora que sabía que hacía más daño al negocio. La actuación era siempre por la noche, cuando había más clientes. Los agentes obligaban al dueño del local a parar la música y a encender las luces. Ante la situación incómoda que suponía la presencia policial, muchos clientes se marchaban del local, ocasionando graves perjuicios al propietario del negocio.

Uno de los testigos declaró que Veramendi se comportaba en la barriada "como un dictador" y aseguró que uno de los policías le llegó a sugerir que los empresarios se reunieran y denunciaran al político por coacciones.

Otro perjudicado detalló también al juez que los propios policías que actuaban eran los primeros sorprendidos de que estas inspecciones se repitieran con tanta frecuencia, dado que siempre las pruebas de sonometría eran negativas.

Aunque los policías no mencionaban el nombre de la persona que había denunciado la actividad del local, todos los empresarios sabían que se trataba de Veramendi. Lo sabían por algunos detalles que mencionaban los agentes. Uno de los testigos señaló que el político, que no quiso apuntar su teléfono por si se producía algún incidente, le comunicó que su negocio "no iba a durar mucho".