A la constructora Acciona se le podría girar la tortilla, de acuerdo a los cálculos que de momento han realizado los funcionarios del Ayuntamiento de Palma. La multinacional reclama cerca de 22 millones de euros de indemnización por las obras del Palacio de Congresos. Sin embargo, según el borrador del informe de liquidación de las obras, las pretensiones millonarias de la constructora podrían quedarse en nada. No solo no cobraría un euro de las arcas públicas, sino que debería devolver dinero a la sociedad Palau de Congressos S. A., formada al 50% por Cort y el Govern balear.
El informe de los técnicos -que todavía no está completo- cifra en tres millones la cantidad que Acciona debería devolver a la administración pública.
El documento sí reconoce que debería hacer dos pagos a favor de la empresa constructora. Uno se debe al parón que sufrieron las obras entre 2012 y 2014. La multinacional cifraba en 9,5 millones de euros su petición. Sin embargo, los técnicos deniegan esa pretensión y rebajan la cuantía a 630.000 euros (320.000 en concepto de personal y 310.000 por el alquiler de la maquinaria pesada).
El otro pago a favor de Acciona sería en concepto de las reparaciones que se tuvieron que realizar en 2014 tras retomar las obras paradas durante 24 meses. Acciona pide 1,6 millones de euros y la sociedad pública mixta lo rebaja a 440.000.
Entre ambos conceptos, Palau de Congressos S. A. asume que le debe 1,07 millones de euros a la constructora. Sin embargo, los funcionarios detectan otros tres conceptos por los que Acciona debería devolverle más de 4 millones de euros a las arcas públicas.
Uno de la multa por el retraso en las obras. Acciona tardó 73 días de más en finalizar los trabajos. La sanción es de 20.000 euros diarios, por lo que la cantidad asciende a 1,46 millones.
El otro concepto es la revisión de precios. Acciona pide 5,5 millones por la revalorización de los materiales de la obra y de las horas de trabajo del personal. Sin embargo, el cálculo del técnico municipal concluye que, durante la década que ha durado la obra, los precios en el sector de la construcción son más baratos, así que la constructora debería devolverles 664.000 euros. A esta cantidad cabe sumar 1,98 millones de euros que la administración entregó a Acciona como anticipo de la revisión de precios, pero que ahora debería reintegrar a la sociedad pública.
El consejo de administración de Palau de Congressos S. A. se reunirá el próximo jueves para discutir qué respuesta le dan a Acciona sobre la liquidación que solicita tras el fin de obra.
No obstante, la cuantía final que se reclame a Acciona podría variar cuando la constructora y la dirección de obra aporten las facturas y justificaciones que faltan para completar los cálculos.
Todavía falta el informe jurídico de un funcionario de Cort sobre los intereses de demora en el pago de las facturas mensuales. En más de una ocasión la administración se ha retrasado al ingresarle el dinero a Acciona, que pide 4,8 millones por este concepto.
También falta por calcular qué le debe pagar Palau de Congressos S. A. por los seguros a todo riesgo de la obra. Esta cantidad la asume la constructora por el tiempo previsto de los trabajos pero, como que han durado más años de los previsto, la administración deberá pagarles algunas de las pólizas anuales.
La indemnización tiene opciones de acabar en los tribunales en caso de que Acciona no esté de acuerdo con el resultado definitivo del informe municipal, que de momento resulta muy desfavorable para las reclamaciones de la multinacional.
