Miguel E., el agente de la Policía Local de Palma jubilado, implicado en la trama corrupta, exigía dinero a los empresarios para evitar el cierre de sus negocios o, gracias a sus contactos en el Ayuntamiento, conseguir agilizar o retrasar las licencias municipales. Esta afirmación la detallan varios testigos que han declarado en el juzgado de instrucción número 12 de Palma.
Este agente está en estos momentos en prisión. Lleva casi un año encarcelado, si bien el juez le ha fijado una fianza de 200.000 euros para que pueda salir de la cárcel. Sin embargo, el funcionario alega que no cuenta con tanto dinero, a pesar de que no hace mucho tiempo presumía en la cárcel que tenía 180.000 euros guardados y que estaba dispuesto a gastarlos para agredir al juez Penalva y al fiscal Subirán.
Este policía local, destinado en la Patrulla Verde, es posiblemente el agente al que implican más testigos en la trama. La mayoría coincide en que se dedicaba, presuntamente, a exigir dinero a determinados empresarios para evitar que se realizaran inspecciones en sus locales. Y que también exigía que le invitaran a tomar alcohol, así como tener relaciones sexuales gratuitas en los clubes de alterne que visitaba. Ofrecía los servicios de la tapicería de su mujer y muchos empresarios, para tener este trato de favor y evitar inspecciones, le contrataron para renovar todas las sillas y los sillones. A muchos de los testigos les decía que se veía obligado a cobrar estas prebendas económicas porque su hija estaba estudiando en Estados Unidos y ello le suponía muchos gastos, que no podía asumir con su sueldo de policía local.
Pero no todos los empresarios se mostraron dispuestos a aceptar las exigencias de este funcionario de Cort. Si no querían pagar sufrían consecuencias. Por ejemplo -como así acreditan varios testigos-, el policía organizaba numerosas inspecciones injustificadas en los locales. Siempre buscaba una causa para cerrar el negocio, situación que muchas víctimas interpretaron que se trataba de una venganza por no haber aceptado sus exigencias económicas. Un testigo detalló una situación muy reveladora. Relató que en una ocasión el funcionario municipal, como consecuencia de una inspección en un bar, obligó a todos los clientes a que abandonaran el local. Lo que pretendía es quedarse solo para que le invitaran a beber alcohol.
Miguel E. lleva más de tres años apartado del servicio activo. Sin embargo, hasta hace poco, según han contado también otros testigos, ha seguido ejerciendo el poder que representa ser agente de la autoridad. Hasta antes de ser detenido venía haciendo uso de la placa, para coaccionar y seguir extorsionando, según señaló uno de los testigos. Sobre todo identificaba a los vendedores de color. Varias personas han visto al "tapicero" vendiendo en un mercadillo callejero relojes idénticos a los que comercializan los senegaleses. Se cree que vendía este material que había incautado.
