09 de julio de 2016
09.07.2016

Los afines al exlíder del PP paralizaban "casos incómodos" en Urbanismo

El exfuncionario de Cort que reveló la influencia de Rodríguez sale de prisión tras abonar 40.000 euros de fianza

09.07.2016 | 01:39
Pedro T.M., anteayer en los juzgados de Palma.

Pedro T.M., el funcionario de Cort encarcelado por la trama de corrupción, aseguró anteayer ante el juez que personas colocadas por José María Rodríguez en el departamento de Urbanismo de Cort paralizaban los "casos incómodos". En su declaración reveló "frecuentes comportamientos arbitrarios" por parte de la cúpula del área para favorecer a determinados empresarios y personas vinculadas de algún modo con el PP. Este sospechoso quedó ayer a mediodía en libertad tras depositar la fianza de 40.000 euros fijada por el magistrado.

El acusado aseguró que Rodríguez "no necesitaba ser concejal" para influir, ya que tenía en Urbanismo a personas "franquiciadas o agentes" para servir sus intereses y apuntó al jefe del departamento de Actividades y el gerente y el director general de Urbanismo. "Desde el momento en que por libre designación política –en junio de 2013– se nombró a Javier P. como jefe del departamento de Actividades, aquellos casos o circunstancias que incomodaban a los responsables políticos de la gerencia de Urbanismo quedaban sin resolver", sostuvo Pedro T.M. ante el juez.

Según explicó, "los casos que incomodaban eran variados, como los locales de la calle de la cerveza de la Playa de Palma, oficinas bancarias, edificios públicos, compañeros de partido y personas que acudían al Partido Popular". Pedro T.M. relató, a modo de ejemplo, cómo se le "prohibió" intervenir al detectar que la sede de la ONCE en la calle Manacor no tenía licencia por la proximidad de unas elecciones. Frente a estos tratos de favor, reveló contundentes actuaciones contra otros negocios cuya situación era similar. También aseguró que Javier P. le instó en una ocasión a regalar una placa de vado.

El acusado insistió además en negar cualquier irregularidad en el cierre del bar regentado por 'El Ico' en Gomila propiedad de un policía local, asegurando que no fue una clausura exprés porque había comprobado unos meses antes "sus niveles intolerables de ruido". El juez y el fiscal están investigando si la clausura del establecimiento está relacionada con su proximidad a un prostíbulo cuyos clientes se habrían sentido incómodos por la presencia de 'El Ico' en la zona.

Pedro T.M. rechazó también haber recibido pagos de 3.000 euros a cambio de conceder licencias o levantar precintos saltándose el procedimiento habitual.

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