08 de julio de 2016
08.07.2016
Corrupción policial

Rodríguez decidía sobre licencias y sanciones desde fuera de Cort

Un funcionario encarcelado por la trama de corrupción dice que el exlíder del PP de Palma influía en las decisiones del área de Urbanismo para beneficiar a empresarios afines

09.07.2016 | 01:39
Pedro T.M., el funcionario de Cort encarcelado por su vinculación con la trama de corrupción, ayer por la tarde en los juzgados.

Un funcionario del Ayuntamiento de Palma encarcelado por la trama de corrupción aseguró ayer al juez que José María Rodríguez influía en el área de Urbanismo para beneficiar a empresarios afines. El acusado, en prisión desde principios de mayo, aseguró que Rodríguez colocó en ese departamento a personas de "su cuerda", como el jefe del departamento de Actividades, Javier P., para decidir sobre licencias, expedientes, sanciones y clausuras de locales. Según su versión, se paralizaban los procedimientos contra establecimientos vinculados al Partido Popular (PP). El sospechoso, Pedro T.M., negó de nuevo haber cobrado mordidas a cambio de cometer irregularidades e incluso afirmó que sufrió acoso laboral y fue cesado del cargo por cuestionar esas prácticas.

Pedro T.M., ingeniero y técnico en el departamento de actividades de Cort, fue detenido y encarcelado a principios de mayo tras ser acusado por varios testigos de haber cobrado sobornos y colaborado con los policías corruptos. Su abogado, tras levantarse parcialmente el secreto de sumario la semana pasada, pidió su puesta en libertad. La fiscalía solicitó entonces que fuera interrogado de nuevo antes de acceder a su solicitud. El funcionario municipal fue excarcelado ayer y trasladado por la Policía a Vía Alemania, donde declaró ante el titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán.

En su declaración, que se prolongó durante dos horas, Pedro T. M. aseguró que todas sus actuaciones fueron legales, pero admitió que en su departamento se cometían irregularidades en la concesión de licencias, los expedientes administrativos y las sanciones a locales que no cumplían las normas. El acusado situó a José María Rodríguez como la persona que, a través de gente "de su cuerda" en el área de Urbanismo, influía para decidir qué negocios gozaban de esta protección, todos vinculados de algún modo al PP. Según Pedro T.M., Rodríguez colocó a tres altos cargos en ese departamento, uno de ellos el que fuera jefe de Actividades la pasada legislatura, Javier P., para conceder este trato de favor a determinados empresarios.

En su declaración, el sospechoso negó de nuevo las acusaciones que pesan contra él. Varios testigos de la causa le han señalado como el contacto de la Patrulla Verde en el Ayuntamiento para extorsionar a los dueños de algunos negocios, falseando pruebas, dictando resoluciones injustas y cobrando sobornos a cambio de la tramitación irregular de licencias. Insistió en que nunca ha cobrado o pedido dinero a cambio de estas prácticas cuando el fiscal le comentó que es conocido en el caso como "el de los 3.000 euros", en relación a las mordidas que habría obtenido.

Entre sus actuaciones sospechosas figura la clausura del bar que 'El Ico', el hijo de 'La Paca', tenía en la plaza Gomila de Palma. Según la investigación, llevó a cabo un procedimiento exprés e irregular para precintar el establecimiento, propiedad de un policía local investigado, en apenas 24 horas. Para ello, habría instalado un sonómetro en un piso próximo al bar que dejó allí durante toda la noche sin el control de ningún funcionario. Al día siguiente instó a dos agentes a firmar el acta, acudió a las oficinas de la Patrulla Verde y amparándose en una orden verbal del entonces concejal de Urbanismo, Jesús Valls, que este negó después, el establecimiento fue precintado en un tiempo récord. Según consta en la causa, el procedimiento habitual para dictar esta medida se prolonga durante una media de seis meses. Pedro T. rechazó que este procedimiento fuera irregular. Según alegó, el local regentado por 'El Ico' ya había sido sometido a una medición anterior unos seis o siete meses antes por las quejas de los vecinos. Además, las pruebas de sonometría dieron resultados muy altos.

El funcionario encarcelado no solo descartó haber cometido irregularidades, sino que además se presentó como una víctima por haberlas denunciado. El hombre contó al juez y el fiscal que cuando puso en conocimiento de sus superiores este tipo de prácticas, como la concesión de un vado gratis por orden de Javier P., empezó a sufrir acoso laboral y acabó siendo cesado y trasladado a otro departamento. Pedro T.M. agregó que tuvo rifirrafes con el concejal Valls al comunicar las irregularidades y empezó a ser perseguido porque la cúpula política no lo quería en ese puesto.

El sospechoso fue trasladado a prisión a primera hora de la tarde, pero regresó al juzgado horas después para ser interrogado en el marco de una pieza todavía secreta del sumario en la que se investiga la parte de la trama de corrupción en la que estarían implicados funcionarios de Cort.

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