El presidente del Partido Popular de Palma, que todavía continúa en el cargo, también habría cobrado, supuestamente, comisiones por su influencia política. Así lo desvela un testigo de la trama corrupta, que se siente amenazado, y que cuenta que conoce "de primera mano" casos de empresarios de la Playa de Palma que se han visto obligado a entregar regalos a José María Rodríguez, como "joyas, relojes y dinero". Estos presentes también los habría recibido, siempre según este testigo, un abogado de Palma, que fue ministro y que casualmente ejerce la defensa de Rodríguez en el caso Over. Este testigo identifica a este letrado con sus apellidos, si bien es cierto que no aporta más detalles sobre estos supuestos regalos.
Sin embargo, las acusaciones que vierte sobre Rodríguez son incluso más graves que ser un receptor de regalos. El testigo protegido lo acusa directamente de haber ingresado comisiones ilegales. Dice que cobraba "en metálico", cantidades que iban desde los 1.500 a los 3.000 euros por intervenir en las licencias de actividades económicas. A esta persona, a la que el juez concede credibilidad porque no muestra ningún interés particular para ir contra el exdelegado del Gobierno, detalla que conoce el nombre de un empresario que ha "satisfecho estas cantidades". Sin embargo, se niega a desvelar al juez el nombre de esta persona, debido a que "teme por su seguridad y su familia". Este mismo testigo, que reconoce que tiene "vinculación con el Partido Popular", también confirmó que Rodríguez tuvo reuniones con varios de los policías implicados en la trama corrupta en la propia sede de la formación política. El objetivo de estas reuniones sería crear una nueva estructura policial en la que se facilitarían los ascensos de los policías de confianza del partido, para que ocuparan destinos clave dentro de la organización de la Policía Local.
