Uno de los grandes empresarios investigados en la trama de corrupción de la Policía Local de Palma habría invitado durante años a una quincena de políticos a fiestas con prostitutas. Varias mujeres han declarado que Miguel P.B., copropietario del grupo Pabisa y en libertad bajo fianza tras ser detenido en febrero de 2015, les pagó por acudir a estas celebraciones tanto en el Table Dance de s´Arenal -al que según un testigo acudía con frecuencia José María Rodríguez- como en una finca privada de Binissalem. Según estas testigos protegidas, mandos policiales y abogados habrían participado también en las fiestas, regadas con Moët Chandon y Dom Perignon. Los investigadores creen que estas prebendas, de las que disfrutaba también un amplio grupo de agentes, permitían al empresario gozar de trato de favor por parte de la Policía Local y las instituciones, evitando inspecciones y sanciones en sus establecimientos e incluso aprovechándose de normas municipales creadas a medida. El hecho de que los negocios del grupo llevaran supuestamente una contabilidad paralela hace sospechar que podría haber también pagos en metálico a los funcionarios a cambio de estos beneficios.
Entre las personas agasajadas figura Pedro S.G., uno de los antiguos responsables del área de Urbanismo de Cort. Este hombre acudía prácticamente a diario al prostíbulo vinculado al grupo Pabisa, donde consumía y mantenía relaciones sexuales sin pagar. Uno de los encargados del Table Dance cifró en 90.000 euros el dinero que se habría ahorrado. Era él quien, según varios testigos, se encargaba de organizar las fiestas para los políticos.
Moët Chandon y Dom Perignon
Una de las prostitutas explicó que la primera celebración de este tipo a la que acudió fue en el año 2008 y se celebró en una finca de Binissalem, pueblo natal de Miguel P.B. "Había muchas chicas rusas y unos siete u ocho hombres. No los conocía, pero luego me dijeron que todos eran políticos. Teníamos la orden de tratarlos bien", relató. Esta mujer aseguró que mantuvo relaciones con "un alcalde"relacionesconun alcalde y que en las fiestas, antes de que llegaran las chicas, los asistentes comían y bebían "vino y champán Moët Chandon y Dom Perignon. Esta prostituta participó en otra fiesta en una sala privada del Table Dance en 2009 junto a otras 11 chicas. En esa ocasión había 15 hombres, tres de ellos ya presentes en la celebración del año anterior. Según su versión, Miguel P.B. le pagó 400 euros por mantener relaciones con tres hombres. En las fiestas, según otra de las meretrices que participaron, "había algunos cargos públicos, como alcaldes de Mallorca y jefes de Policía de más de 60 ó 70 años y abogados".
Las prostitutas, especialmente aquellas cuya situación en España era irregular, recibían la consigna de "portarse bien" con los hombres llegando a mantener relaciones sin preservativo si lo solicitaban. Los asistentes, cuentan las mujeres, "traían juguetes sexuales y tomaban Viagra". El empresario tuvo además, según la investigación, a menores de edad trabajando como prostitutas y obligaba a las mujeres a mantener relaciones sexuales con él.
A juicio de los investigadores, las fiestas con prostitutas serían uno de los medios con los que el empresario se ganaba los favores de políticos y policías. Miguel P.B. tendría "un amplio poder para controlar a los responsables de los estamentos policiales y gubernamentales a nivel local o provincial". Según las pesquisas, el empresario disfrutaba de una enorme protección en sus negocios. En este sentido, varios agentes han confirmado que una sección del GAP (Grup d´Actuació Preventiva) de la Policía Local trabajaba prácticamente en exclusiva controlando los establecimientos de Pabisa y sus alrededores, tanto para intervenir ante cualquier conflicto como para mantener alejados a vendedores ambulantes, prostitutas y carteristas. Los encargados de estos locales, además, contactaban directamente con los mandos policiales ante cualquier incidencia, sin necesidad de llamar al 112 o el 092.
La investigación del juez y la fiscalía Anticorrupción apunta incluso a que tanto Pabisa como el Grupo Cursach se beneficiaron de normas aprobadas por Cort a su medida durante los gobiernos del PP. Las pesquisas apuntan, por ejemplo, a que se les permitió tener el doble de espacio de terraza o se instauraron medidas antibotellón de aplicación exclusiva en las zonas de sus locales.
