04 de julio de 2016
04.07.2016
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Trama corrupta

Falsificaron una orden del regidor de Urbanismo para cerrar un bar en 24 horas

La trama corrupta manipuló un decreto de cierre de un local y lo clausuró un sábado tras hacer una medición de ruidos irregular un día antes

05.07.2016 | 02:03

La sensación de impunidad que tenían los funcionarios y policías de la trama corrupta llegó al punto de que en 2014 llegaron a falsificar un decreto del regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma para clausurar un local. Aunque estos procedimientos se alargan durante meses (hasta un año, en algunas ocasiones), la Patrulla Verde cerró un negocio en 24 horas y media.

Se trataba de un local de la zona de Gomila. El establecimiento fue clausurado "de forma fulminante –dice el informe de la Policía Nacional– sobre la base de una prueba de sonometría de dudosa legalidad, según apuntan varios testigos". Los investigadores sospechan que el motivo para precintar el bar es que podía ser competencia para las discotecas que el Grupo Cursach tiene en el paseo marítimo.

A finales de 2013, el bar fue precintado en una primera ocasión, aunque el responsable del local cedió al chantaje de los agentes para reabrir el local. "Oficialmente, le dijeron que se cerraba [el bar] por un problema con los cimientos, y extraoficialmente le dijeron que se cerraba por ser quien era", explica el informe judicial. Además, un policía le manifestó que lo mejor para él sería "traspasar el negocio a alguien que no fuera competencia para el Grupo Cursach". Pagó 5.700 euros en metálico para levantar el precinto del local. Ese dinero, según el responsable del bar, acabó en manos de Pedro T. M., el funcionario que controlaba las licencias de actividades de Cort.

Medio año después, el negocio volvió a tener problemas con la Policía Local. Un viernes, a las 23.45 horas, dos agentes de la Patrulla Verde fueron a realizar una medición de ruidos a una vivienda cercana al bar de Gomila que tenían en el punto de mira. Estas pruebas se realizan durante un corto periodo de tiempo y siempre hay una persona como mínimo que las supervisa. Sin embargo, los policías tenían la orden de dejar el sonómetro encendido toda la noche sin necesidad de vigilarlo.

El informe policial califica el método para hacer las mediciones de ruidos como el "modo ausente". Consistía en dejar toda la noche el medidor encendido en un domicilio cercano al local que querían clausurar, sin que ningún funcionario controle el sonómetro. El informe señala que, de esa forma, el resultado es fácil de manipular o puede recoger sonidos de otros lugares. No obstante, el jefe de la Patrulla Verde, Gabriel T. P., defendía esta práctica irregular.

La prueba de ruidos duró seis horas. Los agentes que realizaron la medición se negaron a firmar los resultados por las irregularidades del procedimiento. Los certificó un funcionario de Urbanismo de Cort.

El sábado crearon un decreto de alcaldía para clausurar el local. Para ello, fotocopiaron una orden de cierre anterior, tacharon los datos antiguos y escribieron a mano los nuevos. En la firma, en vez de aparecer la rúbrica del regidor de Urbanismo –que era imprescindible– aparece la firma de un funcionario y el texto "por orden verbal". También manipularon un segundo documento de Cort para que se precintara el local.

El resultado fue que el domingo a las 0.10 horas (es decir, 24 horas y 25 minutos después de haber comenzado el proceso) dos agentes de la Patrulla Verde precintaron el local de Gomila.

El entonces regidor de Urbanismo, Jesús Valls (PP), explicó a los investigadores que una orden de clausura nunca se realiza de forma verbal. Negó haber dado la aprobación para paralizar ese negocio. Además, explicó que nunca se firman decretos de alcaldía en sábado y que es "inusual y esperpéntico" redactarlo sobre una fotocopia vieja, y aún menos con inscripciones a mano.

La Policía Nacional entiende que todo fue una maniobra del funcionario de Urbanismo Pedro T. M. y del jefe de la Patrulla Verde para favorecer a otros dos implicados en la trama.

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