01 de julio de 2016
01.07.2016

El juez sitúa a Rodríguez como "artífice" de la trama corrupta al servicio del PP

Según el magistrado, utilizó a miembros de la Patrulla Verde y Cort como instrumento de sus "turbias maniobras"

01.07.2016 | 10:41
El presidente de la junta territorial del PP de Palma, José María Rodríguez, en la sede del partido.

Al detalle

  • El artífice en la sombra del organigrama corrupto sería José María Rodriguez

     
  • Tanto miembros de la Patrulla Verde como del Ayuntamiento han sido presuntamente utilizados como instrumento al servicio de las turbias maniobras de Rodríguez

     
  • El objetivo final era crear una estructura corrupta para actuar con absoluta impunidad al servicio de determinados políticos y su partido

El juez que investiga la trama de corrupción en la Policía Local de Palma sitúa a José María Rodríguez, presidente del PP municipal, como "artífice en la sombra" del "organigrama criminal". El líder conservador habría utilizado a miembros de la Patrulla Verde y el Ayuntamiento para crear con "turbias maniobras" una "estructura corrupta" al servicio del propio Rodríguez, su partido y dos grandes grupos empresariales, Cursach y Pabisa. La trama –formada por mandos policiales y agentes de varias unidades– habría ofrecido trato de favor, chivatazos sobre inspecciones y protección a los locales a cambio de mordidas, consumiciones y sexo gratis.

Tras casi tres años de investigación, el titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, Juan Manuel Penalva, levantó ayer parcialmente el secreto del sumario. En un auto fechado en febrero pasado, el magistrado recoge incidios de que Rodríguez pretendía "rodearse de un grupo de agentes" afines al PP, facilitándoles la colocación y el ascenso en el organigrama policial mediante la filtración de exámenes o asignándolos directamente a determinados puestos.

Un testigo protegido reveló cómo en el año 2011, antes y después de la victoria electoral del PP, se produjeron varias reuniones entre Rodríguez, Álvaro Gijón y Enrique Calvo –a la postre director general de Seguridad Ciudadana de Cort– con cuatro agentes para diseñar ese nuevo organigrama del cuerpo.

En la sede del PP

Estos encuentros tuvieron lugar en el despacho de Rodríguez y en otras salas de la sede del partido y ponen de relieve, a juicio de Penalva, que "el ascenso en el escalafón policial iba íntimamente ligado a un indeseable servilismo en favor de los intereses de determinados políticos". La trama, que actuaba "con absoluta impunidad desde hace muchos años", contaba con la connivencia de la cúpula de la Policía Local para consentir las actividades delictivas y perseguir a los policías que las denunciaban. Los mandos del cuerpo posibilitaron que los agentes corruptos acturan con "la independencia y descontrol" en la Platja de Palma.

Esa zona turística era el principal centro de operaciones de la trama, formada por agentes de la Patrulla Verde y el GAP, pero que se extendía también a puntos como el Paseo Marítimo y Gomila. La investigación sitúa a los policías Nicanor G. S. y Gabriel T. P. como cabecillas de una red dedicada a favorecer a los grupos empresariales Cursach y Pabisa. Los establecimientos de estas sociedades eran alertados con antelación de las inspecciones, contaban con agentes de la Polícia Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil como vigilantes de seguridad y se ahuyentaba de sus establecimientos a delincuentes o vendedores ambulantes. A cambios, los agentes investigados recibían pagos en metálico, consumiciones o servicios sexuales gratuitos en los establecimientos.

El juez apunta que algunos de los policías, como el subinspector de la Patrulla Verde Bartolomé C. A., pasaba más tiempo en los locales de alterne que en su puesto de trabajo cuando estaba de servicio con el consentimiento de sus superiores. Un testigo atribuye esta permivisidad de la cúpula policial a que Bartolomé C. A. "estaba muy metido en el PP" y a su afinidad con José María Rodríguez, resaltando que solía acudir con él a los congresos del partido.

La trama se dedicaba también a extorsionar a los propietarios de locales de ocio nocturno de toda la ciudad, especialmente en Gomila y el Paseo Marítimo. Varios de ellos han explicado al juez como sufrieron constantes inspecciones por parte de la Patrulla Verde y el GAP y fueron sancionados de manera injusta. Los agentes corruptos manipulaban pruebas de sonometría para justificar los precintos y se quedaban droga intervenida para venderla o consumirla después, de acuerdo con el relato de varios testimonios.

Según el magistrado, la red mafiosa perseguía con ello dos objetivos. Por un lado, conseguir mordidas a cambio de evitar las multas o arruinarlos para conseguir hacerse después con los negocios a través de testaferros. Las redadas y las multas eran especialmente frecuentes para los competidores de los establecimientos vinculados con la trama.

La investigación apunta también a la participación de funcionarios de Cort en la red. Esta ramificación servía para agilizar las clausuras de los locales perseguidos y conseguir de manera insualmente rápida los permisos y licencias para quienes cedían.

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