Los nuevos pliegos para la adjudicación del Palacio de Congresos, el hotel y el estacionamiento subterráneo del complejo incrementa el período de arrendamiento de los 12 años contemplados en el borrador del documento a quince, más tres de posible prórroga.

Por otra parte, tal como informaron el alcalde, José Hila, y el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, en la visita realizada ayer al centro de convenciones, los arrendatarios del complejo deberán ingresar a las arcas públicas un mínimo de un 5% del total de los ingresos tanto del Palacio, como del hotel, el estacionamiento y los bares y cafeterías. Asimismo, se rebajará la exigencia de que el arrendatario haya gestionado en los últimos cinco años al menos dos hoteles y dos centros de convenciones de similares características a uno. Con ello se pretende, según el alcalde, "abrir lo más posible el abanico de empresas que puedan presentar ofertas".

Lo anterior fue criticado por el concejal y diputado del PP, Álvaro Gijón, en la comisión no permanente celebrada con anterioridad a la visita al Palacio. Para Gijón, la experiencia de gestión de palacio de los posibles licitadores, "se favorecen a las empresas hoteleras en detrimento a las que estén más especializadas en la gestión de centros de convenciones".

El jueves de esta semana se prevé la convocatoria de un nuevo consejo de administración de Palau de Congressos en el que se aprobarán previsiblemente los pliegos del nuevo concurso. Es probable que también se modifique al alza el número mínimo de visitantes que el arrendatario debe garantizar a partir del quinto año del contrato que, tal como está redactado el borrador actual es de 35.000 personas. Loas modificaciones en cuanto al precio mínimo de salida y del período de adjudicación se han realizado, según la presidenta del consejo de administración de Palau de Congressos S. A, Joana Maria Adrover, en base a un informe económico.

Posible recurso

Adrover informó asimismo que Dynamobel, la empresa que había ganado el concurso para la adquisición de las butacas, anulado por el Tribunal Administrativo central, presentará un recurso contra la decisión de iniciar nuevamente el proceso.

Asimismo el concurso para la adjudicación de las seguridad para los próximos seis meses saldrá por un máximo de 59.000 euros más IVA.