Cárcel para el funcionario implicado en la trama

El abogado, que negó su relación con los policías, quedó en libertad bajo fianza de 10.000 euros

06.05.2016 | 01:41
El funcionario al ser conducido ayer a prisión.

El juez Manuel Penalva ordenó ayer tarde el ingreso en prisión de Pedro T., el funcionario del Área de Sanidad del Ayuntamiento de Palma (aunque en estos momentos está trabajando en el Consell en comisión de servicios), acusado de colaborar con varios policías implicados en la trama corrupta.

Esta decisión la adoptó el magistrado a petición del fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, que entiende que existen razones más que suficientes para señalar que este funcionario, que es ingeniero de formación, también se habría beneficiado de las actuaciones irregulares de la Policía Local. El funcionario, en cualquier caso, negó dicha relación. Este detenido, en concreto, fue quien tramitó el expediente de clausura del bar que El Ico tenía en la plaza Gomila. El funcionario fue quien instaló un viernes por la noche el sonómetro, para medir el nivel de ruido, en un piso próximo al bar. Dejó el aparato sin ninguna vigilancia. Al día siguiente, cuando era sábado, logró que le abrieran la oficina de la Patrulla Verde. Durante el fin de semana, no solo volcó los datos del aparato del nivel de ruido, sino que también redactó los documentos correspondientes para proceder al cierre inmediato del local. El documento oficial señalaba que se cumplía la orden tras recibir la aprobación verbal del concejal de urbanismo. Jesús Valls, el responsable de esta área, ha negado que diera dicha orden.

Si la prueba de ruido fue el viernes, el lunes se cerró el bar. En los otros casos donde también se ha denunciado a locales por exceso de ruido, aparte de que la prueba de sonido la realiza la Policía y no un funcionario técnico de Cort, se suele tardar una media de ocho meses desde el momento que se inicia el expediente hasta que se toma una decisión, bien sea una multa o la clausura del negocio. Sin embargo, en el caso de El Ico, dado que el local que ocupaba era propiedad de un policía local de Palma (que está en prisión) su bar fue cerrado en apenas tres días y, además, en fin de semana. Según fuentes próximas al caso, hacía tiempo que el funcionario ya sospechaba que en un momento u otro iba a ser llamado por el juzgado, aunque desconocía que lo iban a detener. Por ello, se dirigió por escrito al juez, ofreciéndose a prestar declaración para aclarar cualquier duda sobre su actuación profesional. El funcionario ayer defendió su actuación, negando que hubiera intentado beneficiar al policía local que es el dueño del local donde El Ico montó su negocio nocturno. También negó cualquier relación personal con los responsables de la Patrulla Verde.

Sus explicaciones no llegaron a convencer ni al fiscal ni al juez, hasta el extremo de que se ha convertido en el primer funcionario ajeno a la Policía que ha ingresado en prisión por este caso.

El abogado Jaime Oliver, que también estaba detenido, quedó ayer en libertad tras pagar una fianza de 10.000 euros. Su padre, que es ingeniero, ya quedó en libertad el miércoles por la noche. Los investigadores sospechan que este letrado, especialista en la tramitación de licencias, colaboraba con policías de la trama. Los locales que él conseguía las licencias no sufrían inspecciones.

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