"Impuesto revolucionario". Este es el nombre con el que los policías locales, supuestamente corruptos, bautizaron el método que estaban utilizando para presionar a los propietarios de numerosos bares de la ciudad, sobre todo nocturnos, para que les pagaran dinero y evitar así las inspecciones.

Aunque al principio se negaba la existencia de estas prácticas ilegales, ahora ya es un hecho constatado. No solo lo han señalado las propias víctimas a los investigadores, tanto al juez como al fiscal, sino que cada vez son más los policías locales que cuentan algunos episodios sobre estas maniobras de extorsión.

En uno de los autos del juez se detalla que sobre todo en la Playa de Palma había varios grupos de policías locales que exigían dinero a los empresarios. Si no hacían caso a estas exigencias, les amenazaban con hacerles la vida imposible. Y los investigadores han recogido pruebas más que suficientes que demuestran el calvario que sufrieron algunos de estos empresarios, hasta el extremo de que se vieron obligados a cerrar sus negocios. El sistema era muy sencillo. Si no pagaban, se multiplicaban las inspecciones en los locales. Además, la Policía Local solía actuar en los horarios donde había más clientes en los locales, provocando que estas personas se marcharan y muchas de ellas no volvieran jamás.

Uno de los policías que está en prisión, quien se llevaba una parte del dinero que ganaban los delincuentes que robaban carteras, le llegó a confesar a un compañero que "así se funcionaba". Se trata de Juan Vidal Comas, que fue quien desveló que internamente se conocía esta práctica de extorsión como el pago "del impuesto revolucionario".

A medida que va avanzando la investigación cada vez son más los propietarios de locales que han querido contarle al juez Penalva la campaña de extorsión que han venido sufriendo porque se negaban a pagar el dinero que le pedían los policías.

Había semanas que los funcionarios investigados acudían a determinados locales al menos dos veces. Siempre pedían la misma documentación. Y también siempre encontraban algún motivo para imponer una sanción económica al propietario del local. Caso contrario ocurría con los otros negocios que sí abonaban dicho "impuesto revolucionario". Estos locales nunca eran inspeccionados y, por supuesto, tampoco sufrían ningún tipo de sanción económica. A cambio, muchos policías consumían gratis e incluso, en los clubes de alterne, mantenían relaciones sin pagar.