Varios de los agentes de la Policía Local de Palma, investigados por una trama de corrupción, intervinieron en el expediente para clausurar, por exceso de ruido, varios locales nocturnos de la ciudad. Justificaban esta drástica medida a través de los comprobadores que calculan el nivel de decibelios. Sin embargo, estas pruebas de ruido las hacían con un aparato que no sabían manejar y por tanto era difícil que pudieran certificar las mediciones exactas. Este detalle lo señala el último auto dictado por el juez Penalva, en el que se deniega la puesta en libertad de tres de los agentes que figuran en la cúspide de la trama corrupta. En concreto, se trata del exjefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres y de los agentes de su unidad, Gabriel Mayol y José Mayans. Los tres continuarán en prisión.
En este auto el juez aporta muchos más detalles que en resoluciones anteriores, sobre todo de algunos testigos que han sido víctimas del acoso policial y que, en muchos casos, se han visto obligados a cerrar sus negocios. Uno de estos testigos ha detallado que al menos dos veces por semana, le visitaban los policías de la Patrulla Verde para inspeccionar los dos locales que regentaba. Muchos de estas inspecciones se hacían de noche y en fin de semana, cuando el local estaba lleno de clientes, que salían espantados al ver la presencia continua de la Policía Local. Estas inspecciones concluían casi siempre con una sanción, sobre todo por el tema del ruido. Pero el juez cree que estaba prueba era una trampa. "Me obligaban a subir la música al máximo y entonces me decían que había un exceso de ruido, aunque no utilizaban ningún medidor". Este empresario acosado, que se negó a pagar la cantidad económica que le exigían, contó al juez que una sola vez los policías entraron en su local con un aparato de medición. Le hicieron subir la música, pero no pudieron calcular el nivel de decibelios porque no sabían emplear el sonómetro. A pesar de que no sabían manejar dicho aparato, los policías impusieron una sanción. "No me das ninguna pena aunque tengas tres hijos y una familia que mantener", le comunicaron dos de los policías investigados a este empresario, al que le insistían en que "estás en la lista negra".
Para asustar a las víctimas de estas supuestas extorsiones, los policías investigados pedían refuerzos. Se ha comprobado que en una inspección rutinaria aparecieron de pronto 14 policías, de otras unidades, con "caras cubiertas, chalecos antibalas y armamento sofisticado". El jefe de esta unidad confesó que habían actuado a petición de Mayol y Mayans, sin que nadie se hubiera quejado del negocio. Uno de estos policías encarcelados, según detalla el juez, estaba obsesionado con el sexo, hasta el extremo de que tenía relaciones con las propietarias de varios locales de música latina, que después protegía. A cambio de dinero, este policía se dedicaba a avisar cada vez que se iba a realizar una inspección, según señala el juez Penalva. Algunos de estos negocios sí que eran ilegales, como se ha comprobado después. Este agente, Gabriel Mayol, iba siempre de patrulla con el policía José Mayans. El juez detalla que eran asiduos clientes de un club de alterne, donde tomaban copas gratis y mantenían relaciones sexuales con las chicas. El juez detalla que estos policías cobraron también dinero, unos 5.000 euros, por permitir que hubiera más aforo del permitido en un local donde se celebró un concierto de un grupo de la República Dominicana. El empresario que organizó el evento tuvo que pagarles tres euros por cada persona de más que entraba y superaba el límite permitido.
Uno de estos policías, según han contado algunos testigos, empezó a realizar más inspecciones en un local porque la dueña no había querido tener relaciones sexuales con él.
