Libertad bajo fianza para dos policías de la Patrulla Verde

Los dos agentes pagaron a las pocas horas las fianzas de 25.000 euros y tenían previsto dejar la cárcel entre ayer y hoy

20.04.2016 | 01:54

Dos policías locales encarcelados que formaban parte de la Patrulla Verde quedaron ayer en libertad bajo fianza. Así lo decretó ayer a mediodía mediante un auto el juez de instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, quien impuso a ambos agentes sendas fianzas de 25.000 euros. Los dos policías abonaron ayer mismo el montante señalado por el juez y tenían previsto quedar en libertad entre la tarde de ayer y la mañana de hoy.

Los agentes que quedarán en libertad estaban en prisión preventiva desde hace varios meses a raíz del caso de presunta corrupción en el cuerpo municipal que investiga extorsiones a empresarios del ocio nocturno y de locales de restauración de Palma.

Uno de ellos es el subinspector Bartolomé C. A., exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma. Además de la fianza, le obligan a comparecer cada lunes en los juzgados, le han vetado abandonar el país y también le han prohibido ir al cuartel de Sant Ferran. Tampoco podrá acercarse a menos de 500 metros de los agentes de la Patrulla Verde que hayan sido testigos en la causa ni comunicarse con ellos.

El agente ingresó en la prisión el pasado febrero después de que el juez Penalva y el fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, recopilaran nuevas pruebas que le incriminaban. Entre otros hechos, la Justicia le acusaba de realizar una inspección y sancionar a un local con el cierre del establecimiento en cuestión de tres días, cuando lo habitual era que ambos trámites se prolongaran durante un par de meses.

El subinspector, defendido por el letrado Eduardo Morey, abonó la fianza ayer al mediodía y tenían previsto abandonar la cárcel en cuestión de horas.

El otro agente para el que se ha decretado la libertad bajo fianza es el oficial de policía Feliciano F., que también ocupo la jefatura de la unidad de Patrulla Verde. Está acusado de extorsionar a pequeños empresarios de ocio de la ciudad.

Entre otros presuntos delitos, el oficial está imputado por utilizar información privilegiada, extorsión, amenazas, coacciones, asociación ilícita, pertenencia a organización criminal, falsedad, negociaciones prohibidas a un funcionario y cohecho.

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