Trama corrupta

Apartan del servicio operativo al policía condenado por torturas

El oficial, cuya sentencia no es firme, se encuentra de baja médica desde el pasado lunes

09.04.2016 | 01:35

La concejala de Seguridad Ciudadana de Palma, Angélica Pastor, firmó ayer el decreto por el que se le retira el arma reglamentaria y se aparta del servicio operativo a Antonio G.M., el oficial de las Unidades de Intervención Inmediata (UII) sobre el que pesa una condena por patear en la cara a un detenido que estaba esposado en el cuartel de Sant Ferran. El policía, que se encuentra de baja médica desde el pasado lunes, recurrió la sentencia, por lo que esta no es firme.

Antonio G.M. fue condenado este verano a una pena de un año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación por propinar patadas en la cara y puñetazos a un detenido que estaba sentado y esposado a la silla en el cuartel de Sant Ferran. Junto a él fueron condenados otros tres agentes, que presenciaron la agresión y no hicieron nada. La escena fue grabada por una cámara de seguridad instalada en la oficina, hasta que uno de los policías condenados la giró.

El oficial Antonio G.M. tuvo que acudir a prestar declaración el viernes de la semana pasada a un juzgado de Palma, ya que está siendo investigado también por su presunta implicación en una trama de amaños en los exámenes para promoción interna en la Policía. Durante su comparecencia explicó que se había reincorporado a su plaza en las UII, un grupo operativo especializado en servicios de emergencia.

Los responsables del Área de Seguridad Ciudadana de Cort descubrieron entonces la situación. Tras la agresión al detenido no se le había abierto ningún expediente ni se le había impuesto ninguna medida cautelar al oficial, y este, cuando comenzó a investigarse el presunto amaño en los exámenes, se puso de baja.

Desde entonces había encadenado las bajas y luego presentó un recurso contra la condena por torturas, por lo que la sentencia no era firme. Así que cuando recibió el alta, a finales de marzo, se pudo reincorporar a su plaza como oficial en los UII.

Desde el pasado lunes está de nuevo de baja, pero el decreto firmado ayer por la concejala impide que pueda volver a un grupo operativo cuando se recupere y se le retira el arma.

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