La Audiencia Provincial de Palma ha decretado la puesta en libertad de un oficial y un agente de la Policía Local que estaban encarcelados en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida en el seno del cuerpo, con extorsiones y amenazas a empresarios, principalmente en la Playa de Palma, en connivencia con altos cargos políticos, según fuentes jurídicas.
Se trata de Tomás M., sobre quien pesa una fianza penal de 30.000 euros, y Daniel M.
El tribunal considera que el primer imputado no ha transgredido ninguna de las medidas que le fueron impuestas entonces ni ha amenazado a ninguno de los testigos que se han prestado a colaborar con las investigaciones.
La Audiencia ha estimado así el recurso de apelación que interpuso la defensa de Tomás M., si bien ha acordado la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización y la obligación de comparecer semanalmente en dependencias judiciales.
La jueza que instruía anteriormente la causa decretó el pasado año prisión bajo fianza de entre 20.000 y 30.000 euros para tres de los agentes detenidos en estas pesquisas, entre quienes se encontraba Tomás M., les prohibió acercarse a determinadas zonas como la Playa de Palma y el Paseo Marítimo, donde habrían desplegado sus prácticas ilícitas, y les privó de la tenencia y uso de armas.
El pasado martes, el actual instructor de la causa, Manuel Penalva, acordó prorrogar el secreto de sumario que pesa sobre el caso, alegando la "nula o muy escasa colaboración que cabe esperar de los mandos de la Policía Local", lo que "dificulta sobremanera el alzamiento del secreto sin perjudicar con ello, de forma irremediable, esta investigación".
El juez apunta a la vinculación de diversos exaltos cargos con las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas".
En concreto, el juez apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho cometidos por numerosos agentes "señalados con nombres y apellidos" y cuyas conductas, añade, "están como mínimo al borde del limite jurídico que traza el tipo penal de la sedición".
En resoluciones anteriores, el juez detalla de forma pormenorizada las actuaciones ilegales desplegadas por los agentes investigados, y que llevaron a un total de quince agentes a ser encarcelados sin fianza.
