Trama corrupta

El juez critica la "nula colaboración" de la Policía Local para investigar la corrupción

Prorroga un mes más el secreto de sumario porque queda todavía por "analizar numerosa documentación"

30.03.2016 | 01:27

El secreto de sumario en torno a la investigación de los casos de corrupción destapados en el seno de la Policía Local de Palma continuará un mes más. El titular del juzgado de instrucción número 12, Manuel Penalva, justifica la prórroga del secreto de las pesquisas en torno a la Policía Local porque, entre otras cosas, "todavía resta numerosa documentación, dispositivos de telefonía móvil y discos duros/ordenadores que también deben ser analizados".

Asimismo, el instructor critica "la nula o muy escasa colaboración que cabe esperar de los mandos de la Policía Local" así como la "avalancha continua de nuevos datos, reveladores de la comisión de múltiples y a veces complejos delitos por personas con conexiones a distintos niveles" que, según el instructor, "dificultan sobremanera el alzamiento del secreto sin perjudicar con ello de forma irremediable esta investigación".

Por ello, el juez considera que el mantenimiento del secreto "se estima en consecuencia necesaria y proporcionada a la gravedad de los delitos, atendida su significación social, y a las penas previstas para delitos contra la Administración Pública".

El instructor señala asimismo que "persisten indicios de nuevos y graves delitos como el tráfico y/o tenencia ilícita de armas, obstrucción a la justicia, contra la salud pública, la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión contra el medio ambiente, y nuevos delitos cometidos por numerosos policías locales señalados con nombres y apellidos".

A estos agentes "se les habría entregado sobres de dinero, extremos que deberán ser cuidadosamente investigados, procurando proteger las fuentes de prueba que, por razones obvias, son extremadamente sensibles a las presiones, amenazas y advertencias que a buen seguro van a recibir por parte de los investigados y su entorno". El juez recuerda en este nuevo auto de prórroga que "en esta causa se ha acordado la prisión preventiva de un total de hasta quince agentes, debido a que tras ser oídos en declaración, se ha corroborado indicidiariamente la realidad de los hechos denunciados, y que precisan de ser investigados reservadamente".

Afirma asimismo que "uno de los testigos de la causa ha sufrido recientemente ataques en su propiedad y se han pintado dianas en su casa en clara intención intimidatoria".

El instructor también recuerda que en el auto de prisión dictado el 27 de octubre pasado, y otros posteriores, a los que tienen o han tenido acceso las partes "se proporcionan muchos detalles de la causa no explicitados en el auto de prórroga del secreto".

Coacciones y amenazas

También señala que en él "se recogen distintos episodios relacionados con coacciones y amenazas a agentes de policía que denunciaban las prácticas corruptas, e incluso, entre otras personas, contra la anterior instructora de la causa, el Ministerio Fiscal, la Regidora de Seguridad, diversos testigos de la causa, este instructor, y recientemente contra el director general de Seguridad, el Fiscal y algunos testigos".

En otro apartado del último auto el juez Penalva señala que, tal como contestó a un anterior recurso presentado contra el mantenimiento del secreto, "no es que se quiera llevar la investigación a espaldas de las defensas, sino que, atendiendo a la tipología delictiva, modus operandi de los implicados y conexiones que mantienen los mismos con distintas personas, organismos instituciones, etcétera, no se puede investigar eficazmente de otra forma". Ello es así, según el instructor, porque "lo cierto y verdad es que muchos testigos no es que tengan miedo, es que están aterrorizados, extremo que se comprueba con constante frecuencia, toda vez que los investigados y quienes les apoyan, siguen perpetrando actos de intimidación/coacción, incluso defendidos por quien fue su Comisario y máximo responsable de la Policía Local".

Tras señalar que las razones esgrimidas en anteriores autos para acordar el secreto de sumario "continúan vigentes", afirma que de lo actuado en la causa se llega al convencimiento de que los policías locales investigados mantenían intereses de negocios o de "goces de prebendas, (sexo, consumiciones....) en zonas o materias en las que intervenían en razón de su cargo".

También recuerda que "se habían creado conexiones directas entre intereses económicos empresariales (no sometimiento a inspecciones, inspecciones viciadas, preaviso de su realización, etcétera) en perjuicio de las exigencias de la Ley, de la lucha contra la corrupción, de la Justicia, la libertad de mercado y de la igualdad de los ciudadanos".

Además el juez insiste en que "resulta acreditado de quienes a pie de calle trabajaban para intereses espúreos resultaban protegidos por los mandos policiales".
Asimismo, destaca que incluso la Audiencia, resolviendo solicitudes o recursos anteriores indica que "la existencia del entramado delictivo hace que la instrucción deba ser preservada de la intervención de terceros no deseados hasta la completa recopilación de datos".

Organización criminal

Si bien en este auto el instructor no hace referencia explícita a las sospechas de "connivencia" con las actitudes corruptas de los acusados por parte de políticos y diversos cargos públicos, se remite a anteriores resoluciones.

La justicia investiga desde septiembre de 2013 la existencia de una presunta organización criminal que estaría integrada por agentes de la autoridad, entre los que habría mandos y policías locales de Palma, funcionarios del Ayuntamiento, empresarios y cargos políticos.

Se les imputan en su conjunto delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedad documental, uso de información privilegiada, solicitud de favores sexuales, agresión sexual, contra la salud pública, asociación ilícita, encubrimiento, extorsión, amenazas, coacciones, prevaricación y el de omisión del deber de perseguir delitos.

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