Los responsables del Área de Seguridad de Cort se encontraron con que no podían iniciar expedientes disciplinarios contra los policías encarcelados por su presunta implicación en la trama corrupta, ya que todos ellos estaban de baja desde el momento de la detención. Las dudas se hicieron más intensas al descubrir que la gran mayoría de estas bajas -diez en un momento en el que había doce policías en prisión- estaban firmadas por el mismo facultativo. Y las dudas se convirtieron en sospechas fundadas cuando se confirmó que este médico no había examinado en persona a ninguno de sus pacientes.
No era una cuestión menor, ya que el hecho de que los policías estuvieran de baja impedían que se impusieran medidas disciplinarias, como la suspensión de empleo y sueldo. Así que los agentes estaban en la cárcel pero seguían cobrando sus sueldos.
El juez Manuel Penalva, que dirige la investigación del caso Sancus, decidió tomar declaración en calidad de investigado al médico como presunto autor de un delito de falsedad documental.
El exjefe de la Policía Local, Antonio Vera, también se puso de baja las dos veces que ha sido imputado en los últimos años. En la primera ocasión, cuando fue investigado por los supuestos amaños en los exámenes de promoción interna de la Policía, estuvo sin trabajar durante siete meses.
Otro jefe del cuerpo, Joan Mut, también se puso debaja a finales del año pasado tras un enfrentamiento con los responsables políticos del Área de Seguridad.
