La Plataforma Salvem es Monument de sa Feixina ha solicitado la intervención del ministerio de Cultura para que paralice la demolición del monolito que recuerda el hundimiento del crucero Baleares al considerar que su supresión supondría "el expolio" de un elemento patrimonial.

Representantes de la plataforma, integrada ya en estos momentos por 19 entidades vecinales y de otra índole, se entrevistaron ayer con la delegada del Gobierno en Balears, Teresa Palmer, a quien le hicieron entrega del texto de la petición.

Palmer mostró su apoyo a la reivindicación de la plataforma, quien tratará de "agilizar" los trámites para que el Ministerio ofrezca una respuesta que "evite el derrumbe".

Para la delegada, "el monumento de sa Feixina es parte de nuestra historia, una historia que está ahí, que no se puede reescribir y que tampoco podemos olvidar". Por su parte, Tomeu Berga, portavoz de esta plataforma ciudadana, explicó que la petición para que el Ministerio acuerde la medida cautelar de paralizar la demolición se basa en la Ley del Patrimonio Histórico Artístico español, que otorga un cierto grado de protección a aquellos elementos que demuestren más de 40 años de antigüedad y cuyos autores, como es el caso, tengan una cierta notoriedad.

Asimismo, según Berga, la denominada Ley de Memoria Histórica protege a aquellos elementos que han sido contextualizados. De esta forma, el representante de la plataforma recuerda que en 2010 el Ayuntamiento de Palma, por unanimidad, acordó mantener en pie el monolito, tras la supresión de las inscripciones de exaltación al régimen franquista.

Por todo lo anterior Berga insiste en que la demolición del monolito supondría "un expolio", puesto que se haría desaparecer un elemento con un cierto valor patrimonial.

La plataforma proseguirá la semana próxima su ofensiva administrativa contra la demolición presentando el martes alegaciones en contra en el Consell de Mallorca y en el Ayuntamiento de Palma.

Si no consiguen paralizar el derribo por la vía administrativa han anunciado que acudirán a la judicial e incluso a la penal, si es preciso, querellándose por presunta prevaricación contra los responsables de la demolición, incluyendo a los funcionarios que hayan intervenido con informes favorables.

Por su parte, Arca continuó ayer con su campaña en favor de la preservación del monolito recordando que "las piedras no tienen ideología" y que "el paso del tiempo despojan a los monumentos de su sentido original". A juicio de esta asociación proteccionista, "para la gente de Santa Catalina y las personas que han vivido en su entorno el monumento hace muchos años que se ha transformado simplemente en una referencia, un punto de encuentro desposeído de contenido ideológico".