El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, a petición de la Federació d'Associacions de Veïns, está estudiando la asunción por parte de la concejalía de Modelo de Ciudad, Patrimonio y Memoria Histórica de las competencias que ahora ejercen en materia de ocupación de la vía pública los departamentos de la Función Pública e Infraestructuras.
Ayer se produjo una primera reunión tras la propuesta formulada en este sentido por la Federació d'Associacions de Veïns. En el transcurso del encuentro, al que asistieron la teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, el concejal de Infraestructuras, Rodrigo Romero, el gerente de Urbanismo, Joan Riera, representantes de la Federació de Veïns, Pimem y de la asociación de comerciantes de es Born, se puso de manifiesto la necesidad de realizar una recopilación de todas las ordenanzas que inciden en la ocupación del espacio público.
Se pretende decidir en posteriores encuentros, según manifestó Aurora Jhardí, si se precisa la redacción de una nueva ordenanza de usos y actividades el espacio público que refunda las existentes o si, por el contrario, basta con la modificación de alguna de las que actualmente están en vigor. Desde la Federació de Veïns de Palma, su presidente, Joan Forteza, apuesta por la redacción de una nueva ordenanza que recopile y actualice toda la normativa existente a nivel municipal en materia de publicidad, ocupación de la vía pública con mesas y sillas y la de ruidos, entre otras.
Desde la Federación vecinal se considera que es primordial que el Ayuntamiento ponga orden y establezca una normativa clara y que se haga cumplir, con el fin de evitar los problemas surgidos en los últimos años en determinadas zonas de la ciudad por la sobreocupación del espacio público especialmente por las terrazas. Se trata de una problemática que ya fue estudiada en las jornadas sobre el modelo de ciudad realizadas por la federación de asociaciones vecinales, de las que salieron una serie de recomendaciones y propuestas.
Una de las cuestiones que la Federació ha puesto sobre la mesa es la necesidad de que las nuevas solicitudes de ocupación de los espacios públicos de carácter permanente en plazas y calles y otras zonas de la ciudad sean tramitadas como una licencia de actividades firmada por un arquitecto o un ingeniero industrial. Proponen que la vigencia de la licencia sea de dos años y que esté sujeta a una serie de restricciones. Entre ellas se señala la necesidad de que los metros cuadrados ocupados por el establecimiento no pueden superar la superficie del local y que la licencia deberá indicar necesariamente el número de mesas, sillas, toldos y otro mobiliario que se pueda instalar.
El establecimiento deberá disponer también de capacidad suficiente para poder albergar sin problemas por las noches los elementos de las terrazas.
Asimismo, la Federació propone que todos los nuevos ejes cívicos que se proyecten deban disponer en el momento de su implantación, de una normativa específica de usos y actividades para su regulación convenida con la Federació y las asociaciones de vecinos afectadas.
Con el fin de que el coste de la solicitud y la tramitación de estas nuevas licencias de actividad no se dispare proponen un cuadro con tarifas planas que los arquitectos e ingenieros industriales, que son los profesionales que intervienen, cobren en función de los metros cuadrados que se pretendan ocupar. Para Forteza esta regulación contribuiría a la aportación de soluciones a las situaciones que en estos momentos derivan en auténticos conflictos sociales entre vecinos y los empresarios de restauración.
