Ordenanza

El botellón estará prohibido en toda la Platja de Palma, Gomila y el paseo Marítimo

Cort recupera la normativa aprobada en 2011 y los artículos de otras normas de limpieza y publicidad derogados por la ordenanza cívica

11.02.2016 | 01:54
Consumir alcohol en la calle era una práctica habitual en el Marítimo y se acabó con la ordenanza.

El botellón estará prohibido en toda la Platja de Palma, Gomila y el paseo Marítimo. Serán zonas de intervención especial, como establece la ordenanza en contra de las grandes concentraciones de gente bebiendo alcohol en la vía pública y que ayer rescató el equipo del tripartito. La junta de gobierno municipal declaró la vigencia de la citada normativa, que fue aprobada en el mandato de Aina Calvo y luego derogada al entrar en vigor la ordenanza cívica del PP. La portavoz en Cort, Neus Truyol, anunció que ayer también aprobaron los artículos de otras normas que el anterior gobierno derogó al implantar su ordenanza, ahora anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Se trata de los que hacen referencia a asuntos como la limpieza, la tenencia de animales domésticos y retirada de sus excrementos y la publicidad dinámica, entre otros.

Todas estas decisiones fueron adoptadas ayer tras recibir una parte del informe solicitado por el equipo del Pacto a los servicios jurídicos después de la decisión del Alto Tribunal que este diario adelantó el pasado viernes. Dicho documento da vía libre a aprobar la llamada ordenanza contra el botellón sin tener que esperar a que la sentencia sea firme. No obstante, la declaración de toda la Platja de Palma, el Marítimo y Gomila como zonas de intervención especial necesita tener informes de la Policía Local y de la comisión de seguimiento de la ordenanza, que está formada por las concejalías implicadas, los partidos con representación en Cort, la Federación de Vecinos y otras entidades. Esta comisión también "estudiará si hay otras zonas susceptibles de ser declaradas de intervención especial", como indicó Truyol.

Respecto a los alrededor de 18.000 expedientes abiertos con la ordenanza cívica, los servicios jurídicos tienen que resolver qué hacer con ellos. Mientras tanto, "se está realizando el recuento para saber cuántas sanciones hay en total y la cuantía económica que suponen".

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