La delegada del Gobierno en las islas, Teresa Palmer, afirmó ayer que "no hay vacío legal" tras la anulación de la ordenanza cívica por parte del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), "sino que existe normativa estatal que delega en los ayuntamientos para que sancionen comportamientos en la vía pública", según consultó a la Abogacía del Estado y remitió ayer al Ayuntamiento. "Por lo tanto, no existe ese vacío legal, sino que hay capacidad sancionadora por parte de Cort y el resto de consistorios", según Palmer, quien mostró su disposición a "hablar" con cualquier municipio del archipiélago, sobre todo en el marco de las juntas locales de seguridad.