Bartolomé Capó, el exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, avisaba a los empresarios afines cada vez que se iba a realizar una inspección en un negocio de la Playa de Palma. Así lo han asegurado al juez Penalva y al fiscal Subirán, que investigan la trama corrupta de la Policía Local, varios de los agentes de esta unidad policial que durante los últimos días han prestado declaración como testigos. Estos funcionarios han asegurado que Capó les dio la orden expresa de que le avisaran, al menos con 24 horas de antelación, cada vez que tuvieran previsto realizar una inspección en los locales nocturnos más importantes del Arenal. Capó ingresó el pasado viernes en prisión y se reunió con los otros siete policías locales que están ahora en la cárcel por su presunta implicación en la trama corrupta.
A través del análisis de los expedientes municipales se ha comprobado que cuando los policías acudían al día siguiente, para cumplir el plan previsto, o bien todos los documentos del negocio estaban en regla o las instalaciones cumplían las ordenanzas municipales.
Por ello, las irregularidades que descubrían los agentes eran insignificantes y pocas veces se justificaba una sanción municipal. Esta situación se fue repitiendo durante meses, pero únicamente se producía en los locales de la Playa de Palma, no así en otras zonas de ocio de la ciudad, según han confirmado los testigos.
La gravedad de esta actuación se debe a que el subinspector Capó dio esta orden, no como jefe de la Patrulla Verde (fue nombrado meses después), sino en su época de responsable de la comisaría de la Playa de Palma. Es decir, cuando no tenía bajo su responsabilidad a los agentes de esta unidad, pero como jefe podía transmitirle estas órdenes. La coordinación de la Patrulla Verde, al menos teóricamente, no estaba entre sus atribuciones profesionales.
Varios de los policías locales que han prestado declaración como testigos han coincidido al señalar que Capó se mostraba especialmente interesado en todas las actuaciones que se realizaban en la zona de ocio del Arenal. Los investigadores sospechan que este subinspector aprovechaba esta información que le facilitaban sus subordinados para después trasladarla a los empresarios afectados, sobre todo los que tenían intereses en esta zona turística de la ciudad. Se ha constatado que el mando policial era de otro de los ilustres invitados que solía consumir gratuitamente en los clubes de alterne de esta zona, según han confirmado varios testigos. Sospechan que no solo tomaba copas gratis, sino también servicios sexuales. El viernes, cuando se le preguntó sobre estos hechos, el policía negó todas las acusaciones, si bien su versión de los hechos no convenció al juez, que decidió enviarle a la cárcel.
Otro de los incidentes más graves que se le atribuyen sí se produjo durante su intervención como jefe de la Patrulla Verde y afecta a "El Ico", el hijo de "La Paca". El joven dirigía un bar en la zona de Gomila, donde se producían muchas quejas por exceso de ruido. El local es propiedad de otro policía, que también está en prisión.
Capó recibió la denuncia un viernes y esa misma noche ordenó que se realizara un control de sonido, cuando lo habitual es que este tipo de pruebas tarden semanas en hacerse. En vez de enviar a dos agentes de la Patrulla Verde para realizar las pruebas de sonometría, fue un ingeniero, que ocupa un alto cargo de funcionario en el Ayuntamiento de Palma, quien se acercó al bar de Gomila y comprobó el nivel de ruido. El jefe de la unidad intentó que dos policías firmaran después el informe que realizó el funcionario, aunque los agentes se negaron a cumplir esta orden, según han podido constatar los investigadores.
Una vez que se comprueba que el nivel del ruido de un local es superior al permitido, la tramitación administrativa para adoptar medidas contra el negocio tarda meses. En este caso no fue así. El entonces jefe de la Patrulla Verde tramitó toda la documentación en un fin de semana (cuando la oficina del grupo siempre estaba cerrada) e incluyó el informe de sonometría. El lunes siguiente se ordenó el cierre inmediato del negocio de El Ico.
