La anulación de la polémica ordenanza cívica deja en el aire alrededor de 18.000 expedientes de infracción abiertos desde que el PP aprobó la normativa en mayo de 2014. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) adelantada ayer por este periódico tumba por completo la norma, por lo que el equipo de gobierno del Pacto en Cort ha encargado un informe a los servicios jurídicos "para que determinen el alcance" del fallo del Alto Tribunal, como explicó ayer el alcalde, José Hila.
De acuerdo a Derecho, como la ordenanza es nula, las multas impuestas también son nulas, según indicaron fuentes jurídicas consultadas. En un principio, el afectado tendría que reclamar la recuperación del dinero al Ayuntamiento por vía administrativa. En el supuesto de que el consistorio rechazase reintegrar la cuantía de la sanción, habría que interponer un contencioso administrativo.
Los actuales responsables de Cort, que acordaron derogar la norma el pasado septiembre pero fueron posponiendo la decisión, desconocen a cuánto asciende la cuantía de los 18.000 expedientes abiertos, cuyas sanciones pueden oscilar entre los 50 y 600 euros, en función de su gravedad. José Hila indicó que "hay expedientes de todo tipo, porque la ordenanza regulaba muchas materias, entre ellas el botellón". Se refirió a este asunto debido a que los servicios jurídicos municipales también tendrán que estudiar "si con la anulación de la ordenanza cívica, vuelve a entrar en vigor la norma contra el botellón" aprobada en el mandato de Aina Calvo.
Trile y venta ambulante
El alcalde pidió ayer una reunión urgente con la Delegación del Gobierno para coordinarse, ya que la ordenanza regulaba la venta ambulante, la prostitución y el trile, pero la sentencia obliga a volver a la situación anterior, por lo que la Policía Nacional se tendrá que hacer cargo otra vez de estos temas, "que quedan en el aire", en palabras del primer edil de Cort.
"No hay ningún vacío legal, porque lo regula el Gobierno", especificó, ya que la normativa anulada "era un cajón de sastre" en el que estaban "mezcladas las 23 ordenanzas municipales en vigor" con normativa de ámbito estatal. De hecho, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears "deja bien claro que el Ayuntamiento no disponía de competencia territorial, funcional y objetiva para redactar la ordenanza", recordó Hila, que añadió que "recortaba derechos cívicos" y por ello recibió más de 2.000 alegaciones.
Ante esta situación, el alcalde destacó que "el PP cometió un error inapelable" y exigió que el anterior equipo de gobierno de Mateo Isern "asuma responsabilidades ante la ciudadanía".
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, junto con una plataforma formada por más de 20 entidades, fueron quienes interpusieron la demanda en contra de la ordenanza después de convocar movilizaciones para intentar que los conservadores la retirasen. Por este motivo, ayer se mostraron muy satisfechos de la sentencia contra una ordenanza "muy represiva" y cuya anulación "permite que los palmesanos continúen respirando aire fresco por las calles", como afirmó Joan Forteza, el presidente vecinal.
