El alcalde de Palma, José Hila, ha pedido este viernes "responsabilidades políticas a los responsables" de la ordenanza cívica que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y ha explicado que ya ha reclamado a los servicios jurídicos del consistorio "que determinen el alcance de la sentencia así como qué pasará con los 18.000 expedientes por infracción que se han impuesto desde su aplicación.

En rueda de prensa, el alcalde ha señalado que ha pedido una reunión urgente con Delegación de Gobierno porque determinados temas, como la venta ambulante, el botellón o la prostitución, habían sido asumidos por Cort a consecuencia de la ordenanza cívica y ahora podría volver a tener que "implicarse" en su control la Delegación de Gobierno.