Agentes, empresarios, la concejala de Seguridad de Palma y hasta el fiscal y el juez del caso. La trama corrupta instalada en el interior de la Policía Local de Palma no tenía reparos a la hora de tratar de imponer el silencio mediante las amenazas o la extorsión. El auto del juez Manuel Penalva por el que acuerda prorrogar el secreto de las actuaciones en este caso lo justifica en parte con la relación de todos los episodios de coacciones que han sufrido en los últimos meses todos los que se han opuesto a la trama o han colaborado con la justicia. Hasta el extremo de que uno de los policías encarcelados en la actualidad habría comentado en el centro penitenciario que "disponía de 180.000 euros y que iba a destinarlos íntegramente a hundir al instructor y al fiscal".

La mayoría de los intentos de coacción de la banda corrupta de la Policía eran ya conocidas, como la nota amenazante que recibió en su despacho la concejala de Seguridad, Angélica Pastor; o las dianas que encontraron pintadas en sus coches dos agentes que colaboraban en la investigación. También el episodio en el que dos de los presuntos corruptos gritaban el nombre de un policía que había testificado contra ellos mientras disparaban en unas práctica de tiro, al tiempo que exclamaban: "¡Muerto!".

Así hasta quince. Quince episodios distintos en los que los miembros de la trama corrupta habrían intentado desviar la investigación mediante extorsiones o amenazas. Un efecto de esta conducta es que "muchos de los testigos no es que tengan miedo, es que están aterrorizados", relata el auto.

El juez critica también la actitud permisiva que muchos mandos de la Policía habrían mantenido ante la trama, y que habrían llegado a represaliar a los policías honestos que colaboraban con la investigación. Se da el caso de que el exjefe de la Policía, Joan Mut, habría llegado a admitir a uno de estos agentes, al que castigó con un cambio forzoso de destino, que lo hacía en contra de su voluntad. Sin embargo, en su declaración ante el juez se negó a explicar "qué persona o político concreto le había dado la orden de perjudicarlo injustamente".

Esta actitud por parte de los implicados, intententando repetidas veces interferir en la investigación, y el hecho de que haya todavía numerosas pesquisas por hacer son determinantes, a ojos del juez, para prorrogar el secreto del sumario.

Connivencia de cargos públicos

El juez Manuel Penalva ha acordado prorrogar un mes más el secreto de las pesquisas, ante las sospechas de connivencia por parte de diversos cargos públicos, principalmente en la Playa de Palma, y apunta además a la comisión de nuevos actos delictivos en otras zonas de la capital balear.

El juez señala que "últimamente se ha contado" con informaciones que apuntan a esa posibilidad, e incide en cómo las investigaciones revelan la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho "cometidos por numerosos policías locales señalados con nombres y apellidos".

Como ya lo hiciera en la última resolución con la que decidió prorrogar el sigilo sumarial, el magistrado advierte de que algunos de los nuevos hechos revelados en la causa son "escalofriantes", por lo que considera que la medida de secreto por un mes más se estima "necesaria y proporcionada a la gravedad de los delitos, atendida su significación social y a las penas previstas".

Recalca que "indiciariamente resulta acreditado que quienes a pie de calle trabajaban para intereses espurios resultaban protegidos" por sus superiores y contaban con el apoyo de varios exaltos cargos, todo ello con el objetivo de extorsionar a empresarios a cambio de gozar, entre otros numerosos beneficios, de prebendas en forma de sexo y consumiciones.