Dos de los policías que permanecían ingresados en prisión por su presunta implicación en la trama de corrupción quedaron en libertad el jueves, aunque el juez Manuel Penalva ha impuesto a uno de ellos, Jaime G.C., unas rigurosas medidas cautelares. No puede acercarse a menos de trescientos metros de ninguno de los policías que han colaborado en la investigación, ni de ningún otro testigo. Por extensión, la medida le impide acercarse a menos de 300 metros del cuartel de Sant Ferran, sede de la Policía Local.
Jaime G.C. era delegado sindical en la Policía, y fue imputado y posteriormente detenido y encarcelado tras amenazar a varios de los testigos de la trama, entre ellos El Ico, el hijo de la narcotraficante Francisca Cortes, conocida como La Paca.
Por otro lado, la Delegación del Gobierno ha concedido finalmente el permiso para portar armas al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán.
Juez y fiscal solicitaron el permiso de armas al sentirse amenazados por algunos de los implicados en la trama corrupta de la Policía, pero la Delegación del Gobierno denegó inicialmente la autorización, al considerar que no había razones objetivas. Ambos recurrieron la decisión, y ahora se les ha concedido el permiso.
