Tribunales

Querella contra Navarro y San Gil por no cumplir una sentencia judicial

Un subinspector de Policía dice que le mantuvieron en una plaza que no le correspondía

29.01.2016 | 02:19
Los exconcejales Guillermo Navarro, de Seguridad Ciudadana, e Irene San Gil, de Función Pública.

Las claves

  • Cambio de plaza: El querellante fue destinado a Tráfico y se le redujo el sueldo

    Según la querella, el subinspector sufrió un cambio de destino en su trabajo que le supuso una merma en sus ingresos. Esta decisión fue recurrida  por varios sindicatos, lo que dio a pie a una sentencia que declaraba nula la medida y ordenaba reiintegrarle a su puesto.

    Acto nulo: El Consistorio no le devolvió nunca a su plaza anterior

    Pese a sus repetidas peticiones, el Consistorio no cumplió la sentencia, y mantuvo en vigor un acto administrativo declarado nulo, “a sabiendas de que su proceder era contrario al ordenamiento jurídico”.
     

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha admitido a trámite una querella interpuesta por un subinspector de la Policía Local contra los exconcejales Guillermo Navarro e Irene San Gil, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación por asignar y mantener de forma "arbitraria" e "injustificada" al afectado en una plaza, en la Unidad de Tráfico del cuerpo, que judicialmente había sido declarada nula.

La jueza María Pascual ha citado a declarar al denunciante, defendido por Francisco Pérez, el próximo 4 de abril. La querella también va dirigida contra el jefe del departamento de Servicios Jurídicos del Consistorio, Miquel Antich, y el del área de Personal, Juan García.

Tal y como sostiene el subinspector, los querellados "en ningún momento" procedieron a ejecutar la sentencia que, por la vía contenciosa-administrativa, declaraba nulo el destino que le fue asignado, "en detrimento de sus derechos económicos", por lo que "se le conservó en un puesto que era contrario a Derecho".

"Pero no sólo eso", añade la querella, al relatar cómo las diversas instancias que el perjudicado iba formulando para que fuera reubicado en la plaza que ocupaba anteriormente –entre 1998 y 2009– y en las funciones que le competían "caían en el sueño de los justos y se adentraban en un limbo del que nadie los sacaba, permitiéndose así que mi mandante continuase ocupando una plaza ajena a la suya, mientras que la legítimamente de su propiedad era ostentada por un extraño", dice el abogado del subinspector.

El escrito, de 14 páginas, recuerda que fue en febrero de 2009 cuando se dictó una instrucción para que el querellante fuese destinado a Tráfico, modificándose de este modo sus condiciones laborales y viendo mermados sus emolumentos mensuales. Frente a ello, varios sindicatos formularon un recurso ante los tribunales, que derivó en una sentencia que declaraba nula de pleno derecho la medida adoptada por el Consistorio.

Así las cosas, el subinspector quedó a la espera de que el Ayuntamiento le restituyese las condiciones previas que le correspondían y, ante la "inacción" de la Administración, el afectado comenzó a presentar numerosos escritos a fin de serle repuestas las condiciones anteriores. La querella señala que la institución "jamás resolvió a favor de sus peticiones y mantuvo en todo momento la vigencia de un acto administrativo declarado nulo por sentencia firme; esto es, estaba actuando a sabiendas de que su proceder era contrario al ordenamiento jurídico y a una orden judicial".

Finalmente, en enero de 2013 le fueron cambiadas parcialmenteTal y como recalca el abogado del subsinspector, los querellados, "en concierto de voluntades y ejercitando sus funciones, siendo sabedores de la sentencia y su contenido, pues la misma fue notificada al Ayuntamiento, hicieron caso omiso y procedieron a reorganizar la plantilla (...) a su caprichoso y gratuito criterio".

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