El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha admitido a trámite una querella interpuesta por un subinspector de la Policía Local contra los exconcejales Guillermo Navarro e Irene San Gil, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación por asignar y mantener de forma "arbitraria" e "injustificada" al afectado en una plaza, en la Unidad de Tráfico del cuerpo, que judicialmente había sido declarada nula.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza María Pascual ha citado a declarar al denunciante el próximo 4 de abril. La querella también va dirigida contra el jefe del departamento de Servicios Jurídicos del Consistorio, Miquel Antich, y el del área de Personal, Juan García.

Tal y como sostiene el subinspector, los querellados "en ningún momento" procedieron a ejecutar la sentencia que, por la vía contenciosa-administrativa, declaraba nulo el destino que le fue asignado, "en detrimento de sus derechos económicos", por lo que "se le conservó en un puesto que era contrario a Derecho".

"Pero no sólo eso", añade la querella, que relata cómo las diversas instancias que el perjudicado iba formulando para que fuera reubicado en la plaza que ocupaba anteriormente -entre 1998 y 2009- y en las funciones que le competían "caían en el sueño de los justos y se adentraban en un limbo del que nadie los sacaba, permitíendose así que mi mandante continuase ocupando una plaza ajena a la suya, mientras que la legítimamente de su propiedad era ostentada por un extraño", abunda el abogado del subinspector.