Un alto directivo laboral de la empresa municipal Emaya ha sido definitivamente despedido de su empleo, debido a que adjudicaba proyectos a una empresa que dirigían unos antiguos socios suyos. En concreto, el empleado, que cobraba un sueldo mensual de alrededor de 5.000 euros, adjudicó cuatro concursos a esta empresa vinculada, para que se encargara de la lectura de contadores, impresión y reparto de facturas. Este directivo fue en su momento imputado por la fiscalía Anticorrupción y está pendiente de ser juzgado.

El despido ha sido ratificado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. La empresa municipal acordó en el año 2013 iniciar un procedimiento sancionador contra el directivo por cometer hechos muy graves. En concreto, Emaya señaló que este empleado acordó adjudicaciones de servicios públicos con empresas donde podría existir intereses personales, como después se comprobó a través de la investigación de la fiscalía Anticorrupción. En ningún momento este responsable de la empresa comunicó esta vinculación personal con los socios de esta empresa. Tampoco presentó ningún escrito de recusación o de abstención en los procesos de adjudicación de estos proyectos. Al contrario, firmó los informes técnicos para la concesión de estos contratos y sus posteriores prórrogas.

Una de las circunstancias que motivaron también esta medida disciplinaria es que Emaya descubrió que el directivo había enviado a la empresa los pliegos de condiciones del concurso, previamente a su convocatoria, y posteriormente resultaría beneficiada con este proyecto público.

El directivo despedido alegó, aunque el tribunal no le haya hecho caso, que los contratos de adjudicación no los había aprobado él, sino que había sido el Consejo de Administración de Emaya o el gerente de la empresa, tras superar los controles de la comisión técnica de valoración, en la que él no intervenía.

Una de las circunstancias que ha convencido al tribunal para ratificar la legalidad de este despido es que el propio directivo reconoció que había emitido informes de necesidad del servicio, para impulsar esta contratación. Además, los jueces confirman que en ningún momento este trabajador anunció que estaba sufriendo esta situación de incompatibilidad con la empresa adjudicataria, ni tampoco la existencia de este conflicto de intereses.

Otro hecho importante para justificar esta medida disciplinaria es que la empresa municipal descubrió que el empleado envió correos electrónicos a uno de los socios.

Además de despedirle, Emaya puso los hechos en conocimiento del fiscal.