Primera línea marítima

Barceló reclama ante los tribunales el Palacio de Congresos a Cort y el Govern

El grupo hotelero ha presentado ya un contencioso que haga efectiva la adjudicación o abone una elevada indemnización

19.01.2016 | 13:17
El Palacio de Congresos, durante una de las visitas organizadas recientemente por el Ayuntamiento.

Cronología

  • Septiembre 2004: Cort y Govern constituyen la sociedad Palau de Congressos y convocan un concurso para la construcción y gestión de la infraestructura.
  • Junio 2005: Se adjudica el proyecto al arquitecto navarro Francisco Mangado.
  • Febrero 2007: Se adjudica la obra y la explotación a Barceló, Globalia, Sampol, Iberostar y Acciona. Con el tiempo Barceló se queda con el 95% de las acciones.
  • Abril 2008: Tras subsanar una serie de deficiencias de la adjudicación y del solar se inician oficialmente las obras.
  • Mayo de 2009: Barceló abandona el proyecto argumentando que el Palacio
    iba a tener un sobrecoste de 30 millones y el proyecto de Mangado no era viable con este presupuesto. Las obras continúan hasta junio de 2011. Previamente Cort y Barceló llegan a un acuerdo por el que la Administración no ejecuta el aval previsto.
  • Junio 2011: Un día antes de la toma de posesión como alcalde de Mateo Isern, Acciona paraliza las obras por primera vez. Alega que se le deben 37 millones de obra realizada y no abonada.
  • Abril 2012: El segundo concurso convocado por Cort y Govern para la explotación del Palacio y del hotel queda desierto. No se presentó ninguna oferta, por lo que se convoca otro concurso.
  • Julio de 2012: El tercer concurso resulta también fallido. Solo se presenta la oferta de Meliá, que no cumple los requisitos. Cort y Govern paralizan las obras. El paro durará en esta ocasión dos años.
  • Octubre de 2013: El cuarto concurso, que incluye la venta del hotel, queda desierto. Se interesa Hilton de forma indirecta.
  • Julio 2014: El president Bauzá y el alcalde Isern anuncian que se reanudan las obras y se convoca un nuevo concurso.
  • Marzo 2015: La mesa de contratación propone adjudicar la gestión a Barceló, pero Cort, propietaria del solar del hotel, no lo ratifica.
  • Diciembre 2015: Palau de Congressos, tras un informe del catedrático Avel·lí Blasco, desiste en la adjudicación a Barceló por irregularidades en el proceso.

­El Grupo Barceló reclama ante los tribunales el Palacio de Congresos a Cort y el Govern. La cadena hotelera ha presentado ya un recurso contencioso-administrativo contra la sociedad Palau de Congressos S. A, participada al 50% por el Ayuntamiento palmesano y el Ejecutivo autonómico.

Barceló pretende, tal y como ha informado hoy Diario de Mallorca y confirma el grupo mediante un comunicado, que se haga efectiva la propuesta de adjudicación de la gestión y explotación del hotel y del recinto de congresos adyacente, por un periodo de casi 40 años, que el pasado mes de marzo llevó a cabo la mesa de contratación. No obstante, la concesión quedó finalmente en suspenso por decisión política. La posición dominante en las actuales instituciones de la izquierda es el desistimiento del concurso fallido, que conduce a una gestión pública. Las instituciones pueden ampararse en las acciones legales interpuestas por Barceló para reforzar su apuesta en contra de la gestión privada.

Pese al firme deseo de Barceló de explotar comercialmente el conjunto hotelero, su recurso contencioso plantea una alternativa onerosa a la reclamación. La demanda se refiere así a una indemnización en la hipótesis de que Palau de Congressos se niegue a desprenderse de su patrimonio según los cinco concursos ya celebrados.

El Govern y Cort se ven por tanto sometidos a una pinza entre la constructora del complejo y su frustrado gestor. Acciona exige el abono de cantidades suplementarias a las que figuran por contrato. Se refugia en el retraso sufrido de las obras y otras circunstancias sobrevenidas. Barceló reclama la titularidad del Palacio, y señala además que si se le hubiera hecho efectiva el complejo ya estaría finalizado y en funcionamiento. Para el desarrollo de la política congresual, el grupo mallorquín contaba con el apoyo de los responsables de esta misma labor en el homónimo barcelonés.

Informe de Blasco

La principal baza de la Administración para defenderse del contencioso de Barceló es el informe del catedrático de derecho Administrativo de la UIB Avel·lí Blasco. De acuerdo con este dictamen, las irregularidades en el proceso aconsejan que no se lleve a cabo la adjudicación prevista. El conflicto jurídico se planteará entre los términos de nulidad y desistimiento. El primero mantendría el concurso; el segundo implica su supresión.

Curiosamente, Barceló no ostenta la gestión de la totalidad del Palacio de Congresos y el hotel anexo por la decisión de un político del PP. Mateo Isern se negó en la antesala de unas elecciones municipales de las que había sido excluido a refrendar la propuesta de la mesa de contratación. Se basó en la denuncia preventiva formulada desde Més por el entonces concejal Antoni Verger, y según la cual se habían utilizado en el proceso informes caducados. El también popular Ávaro Gijón, presidente en aquellos momentos de la sociedad propietaria del complejo, llegó a esgrimir una intervención de la fiscalía para replantearse la concesión.
El concurso, ganado por Barceló –frente a un único licitante, el también hotelero Meliá– incluía además de la explotación del recinto congresual y el hotel una opción de compra dentro de los primeros cinco años de gestión. Esta firmeza en la voluntad de hacerse con el complejo fue decisiva en la adjudicación. Otras opciones contempladas eran el simple alquiler y la compra.
El recurso contencioso no especifica la indemnización que pretende Barceló, centrado en la satisfacción material de los derechos que considera que le asisten.

130 millones de inversión pública

La inversión pública en el Palacio alcanza a día de hoy la cifra astronómica de 130 millones de euros. Arrancó como una iniciativa de grupos privados mallorquines, entre los que figuraba Barceló, que se desenganchó durante el mandato de Aina Calvo.

El limbo jurídico en el que se encuentra ahora el futuro del Palacio contrasta con la definición de los objetivos que había diseñado Barceló, en una adjudicación muy criticada por los partidos de izquierdas. El pliego de condiciones obligaba a la adjudicataria a cubrir un mínimo de 50.000 asistentes a sus congresos anuales, que la cadena mallorquina considera factibles. Otra vía de actividad sería la inclusión del Palacio en una red cultural que enlazara con el Auditòrium palmesano, aprovechando las diversas salas del recinto.

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