El Grupo Barceló reclama ante los tribunales el Palacio de Congresos a Cort y el Govern. La cadena hotelera ha presentado ya un recurso contencioso-administrativo contra la sociedad Palau de Congressos S. A, participada al 50% por el Ayuntamiento palmesano y el Ejecutivo autonómico.
Barceló pretende, tal y como ha informado hoy Diario de Mallorca y confirma el grupo mediante un comunicado, que se haga efectiva la propuesta de adjudicación de la gestión y explotación del hotel y del recinto de congresos adyacente, por un periodo de casi 40 años, que el pasado mes de marzo llevó a cabo la mesa de contratación. No obstante, la concesión quedó finalmente en suspenso por decisión política. La posición dominante en las actuales instituciones de la izquierda es el desistimiento del concurso fallido, que conduce a una gestión pública. Las instituciones pueden ampararse en las acciones legales interpuestas por Barceló para reforzar su apuesta en contra de la gestión privada.
Pese al firme deseo de Barceló de explotar comercialmente el conjunto hotelero, su recurso contencioso plantea una alternativa onerosa a la reclamación. La demanda se refiere así a una indemnización en la hipótesis de que Palau de Congressos se niegue a desprenderse de su patrimonio según los cinco concursos ya celebrados.
El Govern y Cort se ven por tanto sometidos a una pinza entre la constructora del complejo y su frustrado gestor. Acciona exige el abono de cantidades suplementarias a las que figuran por contrato. Se refugia en el retraso sufrido de las obras y otras circunstancias sobrevenidas. Barceló reclama la titularidad del Palacio, y señala además que si se le hubiera hecho efectiva el complejo ya estaría finalizado y en funcionamiento. Para el desarrollo de la política congresual, el grupo mallorquín contaba con el apoyo de los responsables de esta misma labor en el homónimo barcelonés.
Informe de Blasco
La principal baza de la Administración para defenderse del contencioso de Barceló es el informe del catedrático de derecho Administrativo de la UIB Avel·lí Blasco. De acuerdo con este dictamen, las irregularidades en el proceso aconsejan que no se lleve a cabo la adjudicación prevista. El conflicto jurídico se planteará entre los términos de nulidad y desistimiento. El primero mantendría el concurso; el segundo implica su supresión.
Curiosamente, Barceló no ostenta la gestión de la totalidad del Palacio de Congresos y el hotel anexo por la decisión de un político del PP. Mateo Isern se negó en la antesala de unas elecciones municipales de las que había sido excluido a refrendar la propuesta de la mesa de contratación. Se basó en la denuncia preventiva formulada desde Més por el entonces concejal Antoni Verger, y según la cual se habían utilizado en el proceso informes caducados. El también popular Ávaro Gijón, presidente en aquellos momentos de la sociedad propietaria del complejo, llegó a esgrimir una intervención de la fiscalía para replantearse la concesión.
El concurso, ganado por Barceló -frente a un único licitante, el también hotelero Meliá- incluía además de la explotación del recinto congresual y el hotel una opción de compra dentro de los primeros cinco años de gestión. Esta firmeza en la voluntad de hacerse con el complejo fue decisiva en la adjudicación. Otras opciones contempladas eran el simple alquiler y la compra.
El recurso contencioso no especifica la indemnización que pretende Barceló, centrado en la satisfacción material de los derechos que considera que le asisten.
130 millones de inversión pública
La inversión pública en el Palacio alcanza a día de hoy la cifra astronómica de 130 millones de euros. Arrancó como una iniciativa de grupos privados mallorquines, entre los que figuraba Barceló, que se desenganchó durante el mandato de Aina Calvo.
El limbo jurídico en el que se encuentra ahora el futuro del Palacio contrasta con la definición de los objetivos que había diseñado Barceló, en una adjudicación muy criticada por los partidos de izquierdas. El pliego de condiciones obligaba a la adjudicataria a cubrir un mínimo de 50.000 asistentes a sus congresos anuales, que la cadena mallorquina considera factibles. Otra vía de actividad sería la inclusión del Palacio en una red cultural que enlazara con el Auditòrium palmesano, aprovechando las diversas salas del recinto.
