Antoni Vera, el exintendente jefe de la Policía Local de Palma, que tuvo que dimitir por el escándalo de las oposiciones, negó ayer ante el juez que hubiera elegido los destinos de los agentes que se presentaban a los exámenes, antes incluso de que se celebraran las pruebas. Una decisión que habría perjudicado a otros policías, con muchos más méritos y con conocimientos demostrados, que se habían interesado por ocupar determinados cargos dentro del organigrama policial, y cuyas peticiones fueron rechazadas por la cúpula policial.

Vera, defendido por el abogado Felio Bauzá, solicitó al juez una comparecencia voluntaria, para aclarar una serie de sospechas que habían aparecido al conocerse el contenido de unos correos electrónicos, escritos entre varios funcionarios, que insinuaban que los nombres que iban a ocupar estos puestos de responsabilidad ya estaban decididos antes de los exámenes. El exintendente no interpreta los hechos del mismo modo que lo hace el juez Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán e intentó convencerles ayer de que esta designación de plazas se decidió con posterioridad a los exámenes y en un intento de llegar a un acuerdo con los sindicatos de la Policía Local. Los investigadores están convencidos de que Vera, con el apoyo del concejal Navarro, pretendía controlar todos los puestos estratégicos en la organización policial y que por ello propuso que lo ocuparan personas de su máxima confianza. Para conseguir este propósito, supuestamente se les filtró las preguntas y las respuestas del examen de ascenso, para que aprobaran la oposición y pudieran ocupar estas plazas, en perjuicio de otros policías con muchos más méritos.

El mando policial imputado negó ayer, a pesar de las insinuaciones que se hacen en los correos electrónicos, que hubiera tenido una reunión previa a los exámenes con estos 14 policías que finalmente aprobaron. Aseguró que esta reunión fue posterior a las pruebas y que el encuentro se hizo para mostrar más transparencia. El fiscal le preguntó ayer si mientras fue intendente había sufrido presiones de algún político del Ayuntamiento de Palma para colocar a una serie de policías en determinados puestos de confianza. Vera negó este extremo. Sin embargo, aclaró que la única orden política de organización que recibió la marcó el entonces alcalde de Palma, Mateo Isern, que le indicó que el servicio de protección que tenía asignado debía ser coordinado por el entonces comisario Estarellas, otro de los mandos policiales imputados en la trama corrupta.

El mando policial insistió ayer ante el juez que históricamente los nombres de los policías que ocupaban las jefaturas de los grupos se decidían a dedo. Se seguía el criterio de la Jefatura de la Policía Local, y que él realizó un esfuerzo para desarrollar otro tipo de sistema. En este sentido, señaló que había intentado imponer otro tipo de sistema de elección, previamente acordado con los sindicatos. Pretendía "acabar con este sistema" y conseguir que los agentes que accedían a determinadas plazas de responsabilidad pudieran tener "seguridad jurídica" y no basarse únicamente en unas decisiones de organización interna que se guiaban por el criterio de la Jefatura de San Fernando.

Vera, hasta ahora, ha mantenido que no intervino en el amaño de las oposiciones, a pesar de que era él quien presidía el tribunal que organizó los exámenes y redactó varias de las preguntas que fueron facilitadas, previamente a las pruebas, a una serie de opositores, que internamente estaban considerados próximos al entonces intendente jefe.