El Ayuntamiento de Palma ya tiene preparada una estrategia en caso de que la constructora Acciona cumpla con su amenaza y paralice de forma total las obras del Palacio de Congresos. En el supuesto de que se detengan los trabajo, el alcalde, José Hila (PSOE), abrió ayer la puerta a que la empresa no acabe la construcción del centro de convenciones y que otra compañía se encargue de rematar el edificio.

Esa fue la respuesta del consistorio palmesano después de constatara que Acciona ralentizó ayer los trabajos de construcción. En vez de los 150 trabajadores que acudían a las obras durante un día laborable, ayer solo hubo 34. Así lo certificaron el gerente de Palau de Congressos SA, Josep Sintes, y un trabajador de la empresa pública que conforman Cort y el Govern balear a partes iguales.

Aunque las obras no se detuvieron totalmente, la actuación de ayer supone una paralización de facto. Se trata del primer paso que da la constructora para dejar en suspenso las obras de construcción, una situación que quieren alcanzar entre el viernes y el lunes. Será entonces cuando han anunciado que no habrá ningún peón en el centro de convenciones y solo quedarán dos vigilantes de seguridad en el recinto.

En caso de hacerse efectiva la amenaza, sería la tercera vez que se detienen las obras de construcción. Sin embargo, existe una gran diferencia respecto de las otras dos paralizaciones. En las anteriores, las administraciones públicas no pagaban a la constructora o dieron la orden de detener los trabajos. En esta ocasión es la constructora la que toma la decisión a pesar de que Palau de Congressos SA paga dentro de los plazos que tiene la administración.

Hoy advertirán a Acciona

Cort entiende que la actuación de ayer no es una paralización. No obstante, anunció que si hoy se repite la ralentización y solo acude una quinta parte de los obreros, se pondrá en contacto con la constructora para advertirle de las consecuencias legales de su decisión. El caso extremo sería la rescisión del contrato de obras, lo que implicaría realizar un nuevo concurso para que otra empresa termine los trabajos. Es un escenario que el alcalde Hila no descarta, aunque no es el único. También cabe la posibilidad de imponer sanciones económicas. "Haremos todo lo que la ley permita. Estamos al día de nuestras obligaciones como administración. Lo que se espera es que la otra parte cumpla sus obligaciones", insistió el munícipe socialista.

Acciona argumenta su decisión en que la empresa gestora del recinto congresual les debe quince millones de euros por la anterior paralización de los trabajos. La compañía pública niega esa cifra y la rebaja a menos de cuatro millones de euros: esa es la cifra que han certificado los funcionarios del Ayuntamiento de Palma que han estudiado el caso. De esa cantidad, la mitad (unos dos millones) ya ha sido abonada, según reveló ayer el gerente.

Sintes señaló que desde hace tres semanas -antes de que Acciona amenazara con detener las obras- las administraciones y la constructora mantienen reuniones periódicas para certificar la cifra exacta que se les debe pagar por los retrasos de la obra. El alcalde se manifestó en el mismo sentido y aseguró que "se pagará lo que digan los técnicos".

Por otra parte, la sociedad mixta de Cort y el Govern asegura que está al día en el pago de las facturas mensuales por las obras. La factura de agosto fue recibida el 15 de octubre, mientras que la de septiembre se aceptó ayer. Cort tiene 60 días para pagar: hasta mediados de diciembre en el primer caso, hasta finales de enero en el otro supuesto. Con esos datos sobre la mesa, Palau de Congressos SA estaría dentro del plazo para pagar las facturas pendientes (aproximadamente unos dos millones mensuales).

Lo que queda por pagar del centro de convenciones asciende a 13,5 millones de euros, que se pagarán a medida de que se vayan presentando las certificaciones de obra. La previsión es pagar casi 10 millones en lo que queda de año y el resto a principios de 2016. Asimismo, Cort recordó que solicitará al Govern una compensación por todo lo que ha pagado de más por la obra, cuando se suponía que ambas instituciones públicas iban a abonar las obras de construcción a partes iguales.

La multa diaria sigue subiendo

En ese sentido, Sintes recordó que una ralentización de las obras juega en contra de Acciona. Los trabajos de construcción del Palacio de Congresos debían acabar el pasado 26 de julio. Se concedió a la empresa constructora una prórroga de dos meses, en la que no se renunció a exigir una indemnización por el retraso. Por cada día que pasa sin que Acciona entregue las llaves del edificio, Palau de Congressos SA añade una sanción de 20.000 euros, por lo que la cifra de la multa supera ya los 2,5 millones de euros. Será decisión de la empresa pública exigir esta cantidad, que se podría descontar a lo que Cort y el Govern le deben a Acciona.