El exconcejal de Seguridad Ciudadana de Palma Guillermo Navarro (PP) ha vuelto a declarar hoy como imputado ante el juez Manuel Penalva, que investiga la trama de corrupción en la Policía Local por la que están en prisión preventiva ocho agentes.
El antiguo edil responsable de la Policía, imputado en la causa desde principios de año, ha comparecido durante media hora ante el titular del juzgado 12 de Palma, que mantiene la instrucción bajo secreto de sumario.
A su salida de los juzgados de Vía Alemania, Navarro ha asegurado que, "como siempre", ha colaborado en la investigación. "No puedo hacer declaraciones, pero me voy muy tranquilo", ha agregado.
En este caso se investigan los presuntos delitos de uso de información privilegiada, solicitud de favores sexuales, extorsión, amenazas, coacciones, asociación ilícita, pertenencia a organización criminal, agresión sexual, falsedad, negociaciones prohibidas, cohecho, contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia y encubrimiento.
El juez cree que los agentes involucrados actúan "como una auténtica organización criminal", extorsionando y coaccionando a empresarios de ocio, y protegidos "por mandos policiales y ciertos cargos políticos", según detalló en el auto en el que ordenó el ingreso en prisión de cinco de los policías detenidos en octubre.
A juicio del magistrado, existen muy serios indicios de que la trama investigada actúa por intereses particulares y con impunidad desde hace muchos años.
La Fiscalía Anticorrupción cree que agentes de las unidades policiales Patrulla Verde y Grupo de Acción Preventiva (GAP) dieron trato de favor a algunos empresarios de ocio de zonas como la plaza Gomila, el Paseo Marítimo y la Playa de Palma, mientras extorsionaban, coaccionaban y amenazaban a otros.
El juez considera a los agentes investigados "maestros y paradigma del engaño, la manipulación, la mentira y la ocultación y alteración de pruebas", que mediante un "uso torticero y arbitrario del poder", coaccionaron e intimidaron a empresarios de ocio en beneficio propio.
Según varios testigos que han declarado en la causa, los agentes obtuvieron durante años pagos semanales en efectivo de hasta 500 euros, hicieron negocios con los locales y se beneficiaron de prebendas como sexo en clubes de alterne, comida y alcohol gratis.
Los que no accedían a sus exigencias fueron sometidos a una constante presión policial injustificada, con numerosas inspecciones y apertura de actas sin motivo.
El juez investiga también la connivencia con empleados públicos del Ayuntamiento que habrían cobrado para retirar precintos policiales y conseguir licencias de actividades para locales de ocio.
Además investiga la presunta filtración de los exámenes de una oposición a oficial de la Policía celebrada en mayo de 2012, de la que se habrían beneficiado tres agentes que ascendieron en una maniobra realizada para perpetuar en el tiempo de la trama delictiva.
