La delegación del Gobierno en Balears, que dirige Teresa Palmer, elaboró ayer una respuesta oficial ante la polémica suscitada por la denegación de la licencia de armas solicitada por el juez y el fiscal del caso de la corrupción policial. En respuesta a la información adelantada ayer por DIAR IO de MALLORCA, la Delegación confirma que se ha opuesto, a través de un informe desfavorable, a que la Guardia Civil, en su sección de armamento, conceda dicha licencia. Recuerda que el fiscal y el juez alegaron "motivos profesionales y de seguridad personal". Sin embargo, la delegada informó en contra porque interpretó que en la documentación aportada "no se ha acreditado la concurrencia de un riesgo especial, concreto y personalizado", como exige la normativa, y solo se ha "sustentado su pretensión en su condición profesional". Tanto Penalva como Subirán mantienen que han presentado toda la documentación que se les solicitaba y han dado explicaciones más que suficientes para justificar su intención de adoptar estas medidas de seguridad personal.
La Delegación que dirige Teresa Palmer insiste en que el informe desfavorable que se ha elaborado "no es vinculante". Sin embargo, se muestra dispuesta a rectificar su decisión "si la Dirección General de la Guardia Civil tuviera conocimiento de otros datos que acreditasen un riesgo especial para su persona, esta Delegación del Gobierno no tendría objeción en la concesión de la licencia de armas solicitada", señala la nota oficial.
En la respuesta la máxima representante del Gobierno en Baleares también recuerda que la denegación de la licencia es recurrible. Y señala también que en la tramitación de este recurso se puede entregar la documentación necesaria para insistir en la necesidad de dicha licencia de una pistola para defensa personal.
