En su primer año como alcalde de Palma, Mateo Isern encargó a sus escoltas, agentes de la Policía Local que consideraba de su máxima confianza, que investigaran las presuntas irregularidades que afloraban en el seno del cuerpo. Estas pesquisas y su posterior colaboración con la Fiscalía Anticorrupción han llevado a dos de esos agentes a sufrir amenazas de muerte, presuntamente por parte de algunos de sus propios compañeros. Sus coches, aparcados en las inmediaciones del cuartel de Sant Ferran, aparecieron con sendas dianas pintarrajeadas en los parabrisas.
Los escoltas del exalcalde se sumaron así a la lista de personas que han recibido amenazas, supuestamente por parte de los agentes que integraban la trama corrupta de la Policía Local, desde que empezaron las investigaciones. Entre ellos están la actual concejala de Seguridad, Angélica Pastor; el fiscal anticorrupción Ángel Subirán; y media docena de policías que han colaborado con la fiscalía y han denunciado las prácticas corruptas de algunos agentes, investigadas en la “operación Sancus”.
Las complicaciones para los escoltas de Mateo Isern comenzaron a principios de 2012. Durante la madrugada de la revetla de Sant Sebastià había sido detenido el hijastro de Álvaro Gijón por un violento enfrentamiento con una patrulla de la Policía. Gijón, a la sazón teniente de alcalde y responsable de Seguridad Ciudadana, sacó de la cama al entonces jefe de la Policía, Antonio Vera, que se presentó de inmediato en el cuartel. Gijón accedió a la sala de reseñas de Sant Ferran y Vera hizo que el joven, de 20 años, quedara libre sin ser conducido a disposición judicial. Los escoltas de Isern relataron el incidente al alcalde, que no sabía nada, y que abroncó en público en el ayuntamiento a Vera y al concejal de Seguridad, Guillermo Navarro, por no haberle informado.
La consecuencia directa de ello fue que Vera expulsó de forma inmediata a los policías del servicio de escoltas, pero el alcalde revocó esa decisión y les mantuvo con él. Fue entonces cuando Isern les encargó que investigasen cualquier indicio de corrupción en el cuerpo y lo denunciasen ante la fiscalía.
Siguiendo estas instrucciones, los miembros del servicio de escoltas mantuvieron frecuentes contactos con el fiscal Subirán y se convirtieron en una suerte de enlace oficioso de los agentes de la Policía Nacional encargados de la “operación Sancus” para gestiones con la Policía Local.
Pero estas actividades les llevaron a convertirse también en objetivo de algunos de los presuntos miembros de la trama corrupta. Los escoltas denunciaron a sus superiores que les habían llegado comentarios despectivos supuestamente vertidos por Jaime H.C., delegado sindical e imputado en la trama, en el sentido de que había “que sacar a esos putos rojos de la escolta”.
Finalmente, en el verano del año pasado, los coches de dos de estos policías, que estaban aparcados en las proximidades de Sant Ferran, aparecieron con una diana pintada con rotulador en el parabrisas. Los agentes relacionaron claramente esta amenazas con las investigaciones que realizaban por encargo del alcalde, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía.
