La concejalía de Salud del Ayuntamiento de Palma, junto a las de Seguridad Ciudadana, Modelo de Ciudad y Función Pública, están preparando un plan para agilizar la tramitación de las denuncias por ruido.

La concejala de Salud, Antònia Martín, explicó que ya se ha realizado un diagnóstico de la ciudad en relación a la problemática generada por el ruido en el que se concluye que no se pueden adoptar medidas uniformes en toda la ciudad, sino que éstas deben estar relacionadas con la problemática generada en cada barriada.

Martín admite que el ruido es una cuestión que genera más quejas vecinales y un sentimiento por parte de la población que lo padece de indefensión, puesto que en numerosas ocasiones la tramitación de las denuncias que se producen es lenta y farragosa. Si bien manifiesta que su concejalía no se puede saltar la normativa legal, sí que se pueden arbitrar mecanismos para que la tramitación de un determinado expediente por ruido no se paralice hasta su conclusión y que ésta sea en el menor tiempo posible.

Al respecto, señaló que si la ley establece que un establecimiento denunciado por ruido dispone de quince días para presentar alegaciones a las medidas cautelares que se han adoptado, no se puede suprimir el derecho que tiene a recurrir, aunque se puede estar al tanto desde la administración municipal para que, cuando finalice el plazo, se prosiga el trámite sin dilaciones.

En estos momentos, según Martín todos los expedientes iniciados por su concejalía se finalizan y se tramitan. "No estamos dejando nada en un cajón", insistió la responsable municipal, que aceptó que el trabajo realizado hasta el momento en materia de ruidos "aún no se puede constatar por parte de la ciudadanía, porque estamos poniendo las bases para una mayor efectividad", todo ello con el objetivo "de mejorar la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos".