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Corrupción en la Policía Local

El PP castigó a un policía que denunció casos de corrupción a limpiar la perrera

El equipo de gobierno de Isern ordenó apartar al agente, que es un testigo protegido de las extorsiones a empresarios del ocio nocturno

En la perrera municipal de Palma trabajan veterinarios y peones de Emaya, pero no existen plazas de policía local.

Un agente de la Policía Local con 25 años de servicio a sus espaldas ha vivido un calvario tras denunciar algunos de los casos de corrupción del cuerpo uniformado y convertirse en testigo protegido. El Ayuntamiento le obligó a retirarse de sus funciones policiales y le destinó a la perrera municipal para limpiar las jaulas y alimentar a los animales. En una reciente sentencia, la Justicia ha reconocido que la actuación de Cort no se ajustó a la legalidad y que el policía debe recuperar su plaza como agente de la autoridad.

Según el denunciante, ha sufrido una situación de acoso laboral durante los últimos quince años. Desde el año 2000 le cambiaron de unidad en repetidas ocasiones. El policía lo atribuye a enemistades dentro del cuartel y asegura que le han querido hacer la vida imposible porque denunció a sus compañeros y a sus superiores por cometer actitudes irregulares (como, por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol o acudir a prostíbulos). Sus quejas de entonces cayeron en saco roto y a él le enviaron a la policía montada.

La situación se agravó a partir de 2013, año en que comenzaron las investigaciones de presunta corrupción en la Policía Local. Quisieron apartarle definitivamente del cuerpo uniformado y el psicólogo del cuartel de Sant Ferran inició el procedimiento para destinarle a segunda actividad, una especie de prejubilación en que buscan al funcionario unas tareas más tranquilas o directamente le envían a casa con una reducción de sueldo.

El policía en ningún momento firmó un papel para aceptar la propuesta de pasarle a segunda actividad. Aun así, el Ayuntamiento aseguró que inició los trámites "a petición propia" del agente. Se escudaron en que el trabajador tenía problemas psicológicos y formaron un tribunal médico, que concluyó que no era apto para seguir ejerciendo de agente.

Entre mayo y junio de 2014, la entonces regidora de Función Pública, Irene San Gil (PP), acordó concederle la segunda actividad y le envió a la perrera municipal de Son Reus. Crearon una plaza expresamente para él, cuyas funciones eran -entre otras- limpiar las jaulas de los animales o alimentarlos. "Me castigaron a quitar mierdas de perro. Yo no aprobé unas oposiciones de policía para eso", afirma el agente.

El policía lo denunció a los tribunales, que ahora le han dado la razón. Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma ha sentenciado que el intento de Cort de pasarle a segunda actividad no se ajusta a la ley. El juez afirma que el tribunal médico no ha justificado el dictamen de que el denunciante tiene problemas psicológicos. "No se ha llevado a cabo un reconocimiento médico que acredite la insuficiencia de sus aptitudes", afirma la sentencia.

A pesar de ello, el juez señala que varios especialistas médicos emitieron informes declarando que el policía no estaba capacitado para ejercer sus funciones como agente de la autoridad. Estos informes no fueron entregados a la Justicia, sino que solo son mencionados en los documentos que apartaron al funcionario de sus tareas. "En definitiva, cabe concluir que el dictamen emitido por el tribunal médico no se ha efectuado conforme a una adecuada praxis médico-forense", manifesta el fallo judicial. Por tanto, el juzgado anula las resoluciones del equipo de gobierno de Mateo Isern y ordena que se le dé al denunciante la plaza que tenía en la policía montada.

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