Los empresarios que han denunciado ser víctima de una extorsión cometida por policías locales de Palma, protegidos a su vez por sus jefes y por altos cargos políticos, temen que pueden sufrir represalias. Y por ello, el juez ordenó el ingresó en prisión de seis funcionarios policiales (cinco de ellos ingresaron el martes) que están acusados de formar parte de esta red corrupta, que se habría dedicado a exigir dinero a estos empresarios, para evitar que sufrieran inspecciones. Estos denunciantes están "francamente atemorizadas por lo que puedan hacer, no solo los detenidos, sino el resto de los miembros de la Patrulla Verde que continúan en libertad u otras personas que, en distintas instancias políticas y administrativas, forma parte del entramado delictivo", según señala el juez Penalva en su auto.
Esta trama, que se concentraría en este grupo de la Policía Local, se habría estado dedicando en los últimos años a extorsionar a empresarios nocturnos, con locales en distintas zonas de la ciudad, exigiéndoles dinero a cambio de recibir un trato de favor. Una situación que les protegería, no tanto de los delincuentes, sino de los propios policías locales de Palma, ya que así evitarían que los funcionarios se presentaran en los locales para realizar inspecciones. Hay testigos, todos ellos protegidos, que han asegurado que llegaron a pagar hasta 500 euros a la semana a los policías locales de la Patrulla Verde. Si no lo hacían, se exponían a sufrir constantes inspecciones, hasta el extremo de que más de un negocio tuvo que cerrar sus puertas y fue traspasado, aún perdiendo dinero.
La decisión del juez de enviar a la cárcel a seis de los nueve agentes detenidos no hace más que agravar la crisis que sufre la Policía Local de Palma, desde que se descubriera el amaño de las oposiciones. No se recordaba una resolución judicial con expresiones tan duras como las que utiliza el juez Penalva, para afirmar que un grupo de policías habían creado una organización criminal, protegida por la cúpula de San Fernando y por los políticos, es decir, por las personas que toman las decisiones de esta institución. El juez mantiene imputados a tres de los últimos cuatro jefes de la Policía Local, incluido el actual, y afirma que le han intentado engañar y le han mentido para justificar la protección que están recibiendo algunos de los policías corruptos, a la vez que se persigue y se perjudica a los agentes honrados que han denunciado estas prácticas corruptas.
Este grupo de la Patrulla Verde utilizaba un clásico método de presión, que consistía en intensificar las inspecciones a los locales que no aceptaban las condiciones que imponían, expulsando y amedrentando a la clientela, hasta que llega un momento que el empresario se veía tan ahogado que no tenía más remedio que cerrar el negocio. Pero hay muchos empresarios que sí aceptaban las condiciones que imponían estos agentes, ya que así se garantizaban que no sufrirían inspecciones y que si estaba prevista alguna visita por otras unidades de la Policía, recibirían el correspondiente aviso por adelantado. Hay locales de la ciudad, como por ejemplo los clubes de alterne, donde se ha visto cómo los policías corruptos extendían su poder, obligando a que les invitaran a tomar copas, a la vez que las chicas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales gratuitas con estos funcionarios del Ayuntamiento de Palma.
El juez, con este auto, ha querido mostrar su total apoyo a los policías honrados que han denunciado estas prácticas corruptas, pero que les ha supuesto pagar un alto coste, castigo que en ocasiones han decidido los máximos responsables del cuartel de San Fernando.
¿Qué políticos son?
Tanto el juez Manuel Penalva como el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, se han mostrado especialmente interesados por concretar los nombres de los políticos que, en cierta forma, han encubierto esta grave situación. En el auto se habla del exconcejal Navarro, pero el juez siempre habla de políticos en plural y critica que el exjefe de la Policía Local, Joan Mut, no quisiera desvelar el nombre de la persona que le marcaba las órdenes cuando decidió sancionar a los agentes que denunciaron estas maniobras corruptas.
El juez tiene muy claro que este caso no se limita únicamente a la actuación de varios policías que traspasaban los límites de la ley aprovechando su condición de autoridad, sino que esta organización criminal (así la califica) no podría haber sobrevivido sin contar con el apoyo de los mandos policiales. Critica que estos responsables del cuartel de San Fernando se quedaran quietos cuando uno de los policías corruptos, que fue incluso condenado por torturas, entrara en el despacho donde estaban reunidos y amenazara con coger una pistola y "hacer una tontería" contra el fiscal y la juez.
Al encontrarse el caso bajo secreto de sumario, el juez únicamente desvela una serie de hechos que salpican directamente a estos policías. Se trata de una mínima parte de las pruebas que han ido recopilando los investigadores durante los últimos meses, sobre todo las declaraciones de los testigos que han sido extorsionados.
