El juez Manuel Penalva acordó anoche el ingreso en prisión de cinco de los nueve policías locales de Palma detenidos el domingo por formar parte de una trama corrupta. Los otros cuatro agentes pasarán hoy a disposición judicial y todo apunta que también dormirán en la cárcel. Una decisión judicial que se fundamenta en una resolución del magistrado que relata hasta quince delitos cometidos por un grupo de policías locales, de las unidades de la Patrulla Verde y el GAP, pero que estarían protegidos por los máximos responsables de San Fernando (cita el nombre de hasta tres jefes) y por varios políticos que no identifica. Una descripción que demuestra que la corrupción no se limitaría solo a un grupo de policías, sino que se trataría de una organización jerarquizada y dirigida por algunos de los mandos con más poder del cuartel de San Fernando.

El juez imputa a los acusados los delitos de agresión sexual, amenazas, extorsión, coacciones y pertenencia a organización criminal, además de uso de información privilegiada, solicitud de favores sexuales, asociación ilícita, falsedad, negociaciones prohibidas, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.

El juez, gracias a la investigación impulsada por la fiscalía Anticorrupción y el grupo de blanqueo de dinero, afirma que varios policías locales venían cobrando sueldos semanales de 500 euros, que recibían en sobres cerrados, de los propietarios de determinados locales de ocio, a los que ofrecían su protección. Si estos empresarios se negaban a cumplir esta extorsión, la Policía Local, a través de la Patrulla Verde, sometía a estos negocios a una auténtica presión, a través de reiteradas inspecciones sin ninguna justificación o propuestas de sanción e identificaciones de clientes para espantarlos, hasta el extremo de que muchas de las víctimas se vieron obligadas a cerrar sus negocios, aún perdiendo dinero.

Mil euros por semana y local

Uno de los policías que hoy declarará ante el juez, llamado Nicanor (implicado en la trama de los Ángeles del infierno) llegó a cobrar cantidades superiores a las de los otros agentes, de hasta mil euros a la semana por local. Ofrecía servicios de seguridad privados a estos negocios, que desarrollaban otros policías locales, tal como constata el juez en su resolución.

Los investigadores han constatado también que muchas veces estas inspecciones no se recogían en un documento oficial ni quedaban reflejadas las dosis de drogas que se intervenían, por lo que se cree que los propios policías corruptos se quedaban estas sustancias y después las consumían o las vendían. De hecho, uno de los testigos protegidos ha declarado que varios de los policías detenidos se reunían en su bar para consumir droga sobre la barra y que si se negaba a ello, después le sometían a constantes inspecciones. Especial interés mostraban estos policías inspeccionados en los locales de alterne, ya que muchos de ellos bebían alcohol y mantenían relaciones sexuales con las chicas, sin abonar ninguno de estos servicios.

El juez acusa directamente a los mandos de la Policía Local de Palma de proteger a los policías corruptos y de sancionar disciplinariamente, a través del cambio de destino, a los agentes honrados que denunciaron estas prácticas ilegales. Cita varios episodios el juez en su escrito, pero sobre todo destaca la trama del amaño de las oposiciones internas, que era la consecuencia de colocar policías locales afines en determinados puestos claves en el organigrama policial. Las medidas disciplinarias habrían sido aprobadas por el exconcejal de Palma, Guillem Navarro, que está imputado en esta causa y parece que va a ser juzgado.

El juez denuncia que los policías investigados "han venido utilizando sistemáticamente el chantaje, la coaccion, la intimidación y el uso torticero y arbitrario del poder en beneficio propio", señala Penalva, que asegura que estas maniobras corruptas se habrían estado repitiendo hasta hace prácticamente dos meses, como han confirmado algunos testigos.

El juez hace especial mención al papel que ha jugado Gabriel Torres, ex jefe de la Patrulla Verde, quien considera que es el auténtico jefe y cerebro de toda esta trama de policías corruptos. Torres, que según cree el juez estaría protegido por el actual jefe de la Policía Local, el comisario Morell, era quien decidía los nombres de los locales que debían ser acosados a través de constantes inspecciones porque se negaba a pagar el dinero que se les exigía.

Los investigadores disponen de grabaciones que demuestran de qué forma los funcionarios extorsionaban a los empresarios.