Corrupción en la Playa de Palma

El juez acusa a políticos y cúpula policial de proteger a los agentes corruptos

El magistrado envía a la cárcel a 5 de los 9 policías arrestados y les imputa hasta quince delitos - Algunos funcionarios de la Patrulla Verde exigían favores sexuales a cambio de no instar sanciones contra los locales de ocio nocturno

28.10.2015 | 02:47
El juez acusa a políticos y cúpula policial de proteger a los agentes corruptos

Intereses

  • Influencia policial para clausurar el local que ´El Ico´ tenía en la plaza Gomila

    Uno de los policías locales detenidos, que no pertenece a la Patrulla Verde, sino que está destinado en otra unidad, compagina esta actividad de funcionario con otros negocios particulares. De hecho, forma parte de varias sociedades que son propietarias de locales o que se dedican a explotar negocios.
       Este policía local es propietario de un local ubicado en la plaza Gomila de Palma. Se trata del local donde "El Ico", el hijo de "La Paca", montó un bar de copas. Este negocio fue precintado en varias ocasiones por la Patrulla Verde debido a que carecía de licencias y por las reiteradas denuncias de los vecinos.
    Sin embargo, los investigadores creen que el funcionario se aprovechó de su condición de policía local para beneficiar a sus negocios, convenciendo a sus compañeros de la Patrulla Verde para que instaran a clausurar este local de copas.
        El policía local, que el lunes fue llevado a las dependencias de San Fernando para practicar un registro, aseguró que él alquiló el local a otro inquilino y que éste, sin comunicarle nada, realizó un traspaso del negocio al hijo de la traficante de Son Banya.
    Afirma que se enteró de que "El Ico" tenía su local a raíz de una información en un programa de televisión. A partir de ese momento reconoce que pidió información a sus compañeros de la Patrulla Verde, pero niega que pidiera que le ayudaran.
    El policía asegura que el local fue clausurado, no por su influencia, sino porque funcionaba sin licencia y los vecinos habían presentado numerosas denuncias por exceso de ruido.

El juez Manuel Penalva acordó anoche el ingreso en prisión de cinco de los nueve policías locales de Palma detenidos el domingo por formar parte de una trama corrupta. Los otros cuatro agentes pasarán hoy a disposición judicial y todo apunta que también dormirán en la cárcel. Una decisión judicial que se fundamenta en una resolución del magistrado que relata hasta quince delitos cometidos por un grupo de policías locales, de las unidades de la Patrulla Verde y el GAP, pero que estarían protegidos por los máximos responsables de San Fernando (cita el nombre de hasta tres jefes) y por varios políticos que no identifica. Una descripción que demuestra que la corrupción no se limitaría solo a un grupo de policías, sino que se trataría de una organización jerarquizada y dirigida por algunos de los mandos con más poder del cuartel de San Fernando.

El juez imputa a los acusados los delitos de agresión sexual, amenazas, extorsión, coacciones y pertenencia a organización criminal, además de uso de información privilegiada, solicitud de favores sexuales, asociación ilícita, falsedad, negociaciones prohibidas, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.

El juez, gracias a la investigación impulsada por la fiscalía Anticorrupción y el grupo de blanqueo de dinero, afirma que varios policías locales venían cobrando sueldos semanales de 500 euros, que recibían en sobres cerrados, de los propietarios de determinados locales de ocio, a los que ofrecían su protección. Si estos empresarios se negaban a cumplir esta extorsión, la Policía Local, a través de la Patrulla Verde, sometía a estos negocios a una auténtica presión, a través de reiteradas inspecciones sin ninguna justificación o propuestas de sanción e identificaciones de clientes para espantarlos, hasta el extremo de que muchas de las víctimas se vieron obligadas a cerrar sus negocios, aún perdiendo dinero.

Mil euros por semana y local

Uno de los policías que hoy declarará ante el juez, llamado Nicanor (implicado en la trama de los Ángeles del infierno) llegó a cobrar cantidades superiores a las de los otros agentes, de hasta mil euros a la semana por local. Ofrecía servicios de seguridad privados a estos negocios, que desarrollaban otros policías locales, tal como constata el juez en su resolución.

Los investigadores han constatado también que muchas veces estas inspecciones no se recogían en un documento oficial ni quedaban reflejadas las dosis de drogas que se intervenían, por lo que se cree que los propios policías corruptos se quedaban estas sustancias y después las consumían o las vendían. De hecho, uno de los testigos protegidos ha declarado que varios de los policías detenidos se reunían en su bar para consumir droga sobre la barra y que si se negaba a ello, después le sometían a constantes inspecciones. Especial interés mostraban estos policías inspeccionados en los locales de alterne, ya que muchos de ellos bebían alcohol y mantenían relaciones sexuales con las chicas, sin abonar ninguno de estos servicios.

El juez acusa directamente a los mandos de la Policía Local de Palma de proteger a los policías corruptos y de sancionar disciplinariamente, a través del cambio de destino, a los agentes honrados que denunciaron estas prácticas ilegales. Cita varios episodios el juez en su escrito, pero sobre todo destaca la trama del amaño de las oposiciones internas, que era la consecuencia de colocar policías locales afines en determinados puestos claves en el organigrama policial. Las medidas disciplinarias habrían sido aprobadas por el exconcejal de Palma, Guillem Navarro, que está imputado en esta causa y parece que va a ser juzgado.

El juez denuncia que los policías investigados "han venido utilizando sistemáticamente el chantaje, la coaccion, la intimidación y el uso torticero y arbitrario del poder en beneficio propio", señala Penalva, que asegura que estas maniobras corruptas se habrían estado repitiendo hasta hace prácticamente dos meses, como han confirmado algunos testigos.

El juez hace especial mención al papel que ha jugado Gabriel Torres, ex jefe de la Patrulla Verde, quien considera que es el auténtico jefe y cerebro de toda esta trama de policías corruptos. Torres, que según cree el juez estaría protegido por el actual jefe de la Policía Local, el comisario Morell, era quien decidía los nombres de los locales que debían ser acosados a través de constantes inspecciones porque se negaba a pagar el dinero que se les exigía.

Los investigadores disponen de grabaciones que demuestran de qué forma los funcionarios extorsionaban a los empresarios.

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