El conflicto vecinal por el exceso de ruido de la calle de la Fàbrica ha llegado al Defensor del Pueblo. Esta institución de carácter independiente ha propuesto al Ayuntamiento de Palma que tome medidas para controlar las molestias acústicas que persiguen a los residentes desde que esta vía se convirtiera en una calle peatonal.

El adjunto primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha remitido una carta a los cerca de 25 vecinos que a principios de 2014 le solicitaron que interviniera para defender su derecho al descanso.

En la misiva, que los residentes comenzaron a recibir el pasado martes, el Defensor del Pueblo afirma que por "la diversidad de establecimientos existentes en la calle Fàbrica" es "muy difícil la adopción de una solución única para todos los locales".

La institución afirma que es "necesario que las actuaciones municipales se lleven a cabo de manera individualizada" y también propone a Cort que apruebe instrumentos de planificación para toda la barriada de Santa Catalina "a los que habrán de adaptarse los locales".

Por último, el Defensor del Pueblo ha mostrado su interés en conocer la propuesta de Cort sobre horarios de cierre de terrazas y de bares. En verano de 2014 los técnicos municipales constataron que los negocios incumplían los límites de ruido. Los funcionarios recomendaron adelantar el horario de cierre de las terrazas. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha actuado desde entonces.

Cort preparó una normativa que fue aprobada inicialmente. Se presentaron 79 alegaciones contra el adelanto del horario de cierre, pero el área de Sanidad nunca las ha respondido, por lo que la norma no se aplica a la espera de su aprobación definitiva.

La presidenta de la asociación de vecinos Barri Cívic de Santa Catalina, Magdalena Mayol, insiste en la necesidad de aprobar un plan de usos para toda la barriada, porque de momento los responsables de Cort "no han hecho nada en absoluto".

Asimismo, Mayol criticó que los restauradores de la calle de la Fàbrica hayan solicitado la declaración de uso terciario de la vía, lo que "elevaría los límites de ruido en detrimiento de todos los vecinos". "Estamos hartos de ruidos y no podemos vivir. Hay familias que han vendido sus casas y se han marchado del barrio", aseveró la presidenta de la asociación vecinal.