El Ayuntamiento de Palma y el Govern balear pudieron adjudicar la gestión del Palacio de Congresos y de su hotel anexo al Grupo Barceló antes de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Así se pone de manifiesto en un informe elaborado por la intervención municipal, con fecha del cinco de junio de 2015.
El escrito del alto funcionario municipal indica que quien debía realizar el informe para la adjudicación del complejo y del hotel anexo eran los servicios jurídicos de Palau de Congressos, empresa pública integrada a partes iguales por el Govern balear y el Ayuntamiento de Palma.
Además, quien debía adjudicar el concurso era "únicamente y exclusivamente" su consejo de administración. La intervención de la junta de gobierno municipal en este procedimiento quedaba limitada "a la ratificación de los acuerdos definitivos de disposición del solar" y en este caso concreto a la "ratificación de la opción de compra" del hotel.
No obstante, ya que esta opción de compra era voluntaria e indeterminada dentro de los cinco primeros años, el informe señala que la junta de gobierno de Cort solo debía pronunciarse en el caso de que la empresa adjudicataria la hiciera efectiva.
Antes de las pasadas elecciones municipales, no obstante, nunca se realizó el informe por parte de los servicios jurídicos de Palau de Congressos, ni su consejo de administración procedió a la adjudicación definitiva al Grupo Barceló.
Por ello, los nuevos gestores del Palau de Congressos, tras las elecciones, y teniendo en cuenta que Palau de Congressos no tiene servicios jurídicos propios, han decidido encargar este informe a la Universitat de les Illes Balears, aunque han ampliado el objeto del mismo a todo el proceso seguido para la adjudicación del hotel y del Palacio.
Porque, entre otras cuestiones, tal como se pone de manifiesto también en el informe del interventor municipal, hay un asunto resuelto relacionado con la venta de patrimonio público. Como se sabe, el solar del hotel es de propiedad municipal y la ley señala que la venta de patrimonio público solo se puede realizar mediante subasta.
Tres opciones
Tal como señala el informe de Intervención las posibilidades definidas en el pliego de bases para la adjudicación del Palacio de Congresos y su hotel anexo, incluían tres opciones jurídicas: la venta; el alquiler con opción de compra del hotel; y el alquiler del Palacio y del hotel. Tanto la propuesta presentada por el grupo Meliá Hotels, como la de Barceló, se decantaron por la segunda opción, que, según el interventor, debe considerarse como un concurso.
Así pues, se entraría en una aparente contradicción jurídica puesto que, por un lado, la venta de patrimonio solo se puede realizar mediante la subasta y, por otro, la opción ganadora incluye la posibilidad de vender el solar del hotel utilizando la fórmula del concurso.
El equipo de gobierno de Mateo Isern, pese a disponer de este informe y de otro solicitado a los servicios jurídicos municipales en relación a si la valoración del hotel incluida en el pliego de condiciones del concurso había caducado o no, no resolvió la adjudicación alegando estar en funciones. Por su parte, el informe de los servicios jurídicos municipales, que data del 4 de junio de 2015, da respuesta exclusivamente a dos preguntas planteadas por el entonces teniente de alcalde de Turismo y Coordinación municipal y presidente del consejo de administración de Palau de Congressos S. A., Álvaro Gijón.
Se solicitó a los servicios jurídicos municipales si la tasación del hotel realizada en 26 de julio de 2013, que sirvió de base para la primera licitación que incluía su venta y que resultó desierta, aún era válida o no, ya que habían transcurrido seis meses desde su realización.
En segundo lugar se pedía a los servicios jurídicos municipales que dieran alternativas en el caso de que la anterior tasación hubiera caducado. Tras varias consideraciones jurídicas este informe concluyó que la tasación de julio de 2013 aún era "plenamente válida", por lo que no procedía a estudiar posibles alternativas.
De esta forma, el argumento esgrimido por el entonces portavoz del grupo Més, Antoni Verger, que reclamaba la no validez del concurso en el que resultó ganador el Grupo Barceló, en el sentido de que la valoración del hotel incluida en el pliego de condiciones había caducado, no tenía fundamento ni base jurídica. Aun así, ni el equipo de gobierno de Mateo Isern ni el Govern de José Ramón Bauzá ratificaron la adjudicación.
