Dos celadoras del Ayuntamiento de Palma, entre ellas la jefa del departamento, negaron ayer ante una juez el que hubiera violencia o coacciones en el precinto de las obras del Gran Casino Teatro Balear, llevado a cabo el pasado 28 de enero. La magistrada archivó ayer mismo el caso para tres agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local, que, pese a haber sido denunciados, no participaron en la operación.
La juez de instrucción dos de Palma, Margalida Victòria Crespí, interrogó ayer, en calidad de imputados, a las dos celadoras y a los tres agentes, que fueron inmediatamente exculpados.
El gerente del Gran Casino Teatro Balear presentó una denuncia por allanamiento y coacciones, al estimar que fue empujado y maltratado verbalmente durante el precinto del establecimiento, que en esa fecha estaba en obras, declaradas ilegales por el Ayuntamiento. El denunciante también alega que los funcionarios municipales no podían clausurar el casino porque la orden de precinto no había sido notificada de forma correcta.
Las celadoras explicaron en el juzgado que el precinto fue completamente legal, porque la actual Ley del Suelo permite ejecutarlo si se ha notificado a una sola persona, en este caso el gerente denunciante.
Las imputadas relataron que en el local no había luz en ese momento, pero que encontraron dentro a dos limpiadoras y a una cuadrilla de obreros, que presuntamente habían estado trabajando hasta que se fue la electricidad.
El decreto de paralización de los trabajos había sido entregado al denunciante días antes, insistieron las denunciadas.
Según las declarantes, el gerente del casino se puso muy nervioso durante la visita, que duró varios minutos. Inicialmente, el denunciante se negó a franquearles el paso, pero después dio las llaves del local a otra persona, que sí permitió el acceso al local a la comisión municipal.
Las celadoras manifestaron a la juez que los agentes que las acompañaban no emplearon la violencia y se limitaron a pedir al denunciante que se tranquilizara o se verían obligados a reclamar refuerzos. Gaspar Oliver, abogado de los denunciados, ha pedido a la jueza el archivo del caso.
