El juez Pedro Barceló, del juzgado de instrucción número 2 de Palma, ha concluido la investigación del llamado caso Osifar, un escándalo de corrupción en el que se cuestionaba el sobreprecio abonado por la empresa Emaya en la compra de contenedores subterráneos. El magistrado ha decidido exculpar de este caso a la que fue presidenta de la empresa municipal, Cristina Cerdó, de UM. También exculpa a otros de los imputados, entre ellos empresarios y altos cargos de la empresa municipal.

Sin embargo, entiende que existen indicios malversación de fondos públicos, más otros delitos, contra la que fue gerente de la empresa municipal, Malén Tortella, y contra el exdirector del departamento de Medio Ambiente, Germán Chacártegui, ambos nombrados por UM. También implica al gerente de una empresa suministradora. A los tres les relaciona con la supuesta compra irregular de papeleras y contenedores de superficie, operación que se realizó mediante el fraccionamiento de facturas para evitar el concurso público. En la operación se emitieron facturas falsas.

Este caso se inició al existir sospechas de que la empresa municipal había pagado un sobreprecio por la compra de contenedores subterráneos. Contó con la declaración de Chacártegui, que desde el principio reconoció las irregularidades y denunció una serie de operaciones ilegales con empresas vinculadas al partido Unió Mallorquina. El magistrado, sin embargo, concluye que todas las irregularidades que relató el exjefe de medio ambiente de la empresa municipal se han ido desvirtuando y no se ha podido demostrar ni uno de los hechos que detalló. El juez no descarta que las circunstancias personales de este antiguo alto cargo de UM, que confesó su adicción a las drogas y al alcohol, pudo desvirtuar la realidad de los hechos que detalló.

El auto del juez es el paso previo a que los tres imputados se sienten en el banquillo.