Los promotores de Ses Fontanelles, sorprendidos por la actitud de Cort

Al respecto, advierten que se trata de una "actuación sin precedentes que resultaría contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", con el agravante de la proximidad de la resolución de dos procesos judiciales en contra de la denegación de la autorización comercial por parte del Govern balear.

La empresa está convencida de la "solvencia jurídica del proyecto" y de que "todos los pasos que se han dado han seguido el cumplimiento de la más estricta legalidad", por lo que, si bien "desearían resolver la situación conjuntamente con las administraciones implicadas", afirman que están "dispuestos a llegar hasta el final".

Consideran, no obstante, que sería "un despropósito" que todo acabara en una batalla legal que podría acarrear "una indemnización millonaria". Además, si el proyecto queda paralizado, describen "un escenario en el que no ganaría nadie", por cuanto "la parcela podría quedar abandonada durante años desertificando su entorno".

Lo anterior "no evitaría que Ses Fontanelles tuviera un centro comercial, pues el planeamiento y las limitaciones del entorno obligan a que la parcela se destine a uso comercial", afirman. Además, advierten de que "los contribuyentes acabarían asumiendo los costes de la inseguridad jurídica" en el que se ha sumido todo el proceso, teniendo que hacer frente "a una indemnización multimillonaria", que incluiría los 12,8 millones depositados en las arcas municipales como garantía de la ejecución de los trabajos de urbanización, que cuentan con todas las licencias en regla.

Además, recuerdan que "se perderían grandes beneficios", entre los que citan "5.000 empleos, 225 millones de inversión, impuestos y la desestacionalización del turismo" o la contribución del proyecto "a la reactivación de la Platja de Palma".

Aseguran que Palma Springs -nombre del nuevo complejo comercial- "cuenta con las autorizaciones administrativas necesarias que exige la ley para el desarrollo del proyecto".

Existe un proyecto de urbanización aprobado que ampara los trabajos que se han llevado a cabo en las parcelas hasta la fecha para dotar a la misma de los servicios urbanísticos necesarios, como los de accesibilidad, agua potable, saneamiento y electrificación, entre otros.

Además, disponen de las licencias de construcción y de actividad para el proyecto original presentado en 2007, que están plenamente en vigor, para las que Unibail-Rodamco depositó un aval en el Ayuntamiento de 12,8 millones de euros como garantía de la ejecución de los trabajos de urbanización.

Recuerdan que "dada la ambición del proyecto y con el objetivo de mejorar el original", los promotores solicitaron la modificación de las licencias de obras y de actividad en base al proyecto actual, que fueron informadas positivamente por Cort. No obstante, para la concesión en firme de las mismas se debe obtener previamente la licencia comercial, que debe conceder el Govern.

Recursos a punto de resolución

No obstante, en una interpretación "controvertida" por parte de la conselleria de Economía, pese a que la ejecución de los trabajos de urbanización está garantizada, exigió que los terrenos tuvieran la condición de suelo urbano consolidado.

Contra esta resolución del anterior Govern, que denegó en dos ocasiones la licencia comercial al complejo, se han presentado sendos recursos, ambos pendientes de resolución a corto plazo, ante el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Nacional. En el último caso, pendiente de aprobar como medida cautelar la concesión provisional de la licencia comercial.

De ahí que la empresa califique de "muy sorprendente" la decisión municipal, sin esperar las inminentes resoluciones judiciales, de iniciar el proceso de caducidad del proyecto modificado de centro comercial.