El Ayuntamiento de Palma asumirá el pago de la totalidad o parte del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de los gastos comunitarios de los pisos vacíos que cedan los bancos para alquilar a las familias que se encuentren en un proceso de desahucio.

Así lo manifestó ayer el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y Vivienda Digna de Cort, Antoni Noguera, quien explicó que su departamento está preparando un convenio similar al que está negociando el Ayuntamiento de Madrid con las entidades financieras con el fin de conseguir pisos de alquiler social para cubrir las necesidades que surjan para las familias que puedan quedarse sin vivienda como consecuencia de no haber podido hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler.

Noguera explicó que en estos momentos se está elaborando un primer borrador de la propuesta, que pronto será puesto en conocimiento de las entidades financieras. Manifestó su convencimiento de que la propuesta, tal como ha ocurrido en Madrid y otras ciudades, va a tener una buena acogida, ya que puede ser beneficiosa para ambas partes.

El director general de Vivienda Digna, Francisco Cifuentes, se ha reunido ya con los responsables del equipo de gobierno de Manuela Carmena con el fin de compartir experiencias. Manifestó que la reunión en Madrid "fue muy provechosa".

Al respecto, el teniente de alcalde expresó su convencimiento de que el convenio que se planteará con las entidades financieras "será muy positivo, ya que tanto el Ayuntamiento como los bancos saldremos ganando, puesto que nosotros podremos ofrecer un parque importante de pisos a precio social y las entidades financieras podrán dar salida a las viviendas que ahora están vacías". El convenio propone disponer de un parque de viviendas que gestionará el Ayuntamiento con el objetivo de ponerlos a disposición de las personas y familias vulnerables económicamente".

El director general de Vivienda Digna detalló que los bancos ofrecerán las viviendas en condiciones para poder entrar a vivir con un precio de alquiler que no puede superar el 30 por ciento de los ingresos familiares. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá el pago tanto del IBI como de los gastos comunitarios.

Noguera destacó que, en estos momentos, el Ayuntamiento carece de un parque de viviendas de alquiler social. Las aproximadamente 40 casas que se pusieron a disposición en el pasado mandato para este cometido están ocupadas, al igual que las 350 viviendas que dispone el Patronat Municipal de l'Habitatge.

El programa Palma Habitada tampoco puede dar en estos momentos respuesta a las demandas que van surgiendo, por lo que el Ayuntamiento solo puede poner a disposición de las familias afectadas las plazas de albergue disponibles en el Servei de Acollida Municipal (SAM).

Si bien aún no se tienen datos sobre el trabajo realizado desde su creación a finales del pasado mes de julio por parte de la oficina municipal antidesahucios, Noguera explicó que ha intervenido en más de cien casos y que semanalmente se debe actuar para conseguir una casa a familias que se quedan sin vivienda.