El Ayuntamiento de Palma ha comenzado a tramitar la sanción contra el Lolita Beach Club, el establecimiento chill out del dique del Oeste que fue precintado el martes de la semana pasada. El consistorio multará al establecimiento, ya que considera que ha ejecutado la reforma sin licencia de obras y que había abierto el local sin licencia de actividad.
El gerente de Urbanismo, el arquitecto Joan Riera, explicó ayer a este diario que el expediente sancionador está en marcha y recordó que puede culminar con la orden de demolición de los añadidos y la restitución del inmueble a su estado original. El fortín de Sant Carles, donde se levanta el bar, en un lugar protegido y declarado como bien de interés cultural.
Ayuntamiento y beach club mantuvieron ayer su primer encuentro cara a cara desde el inicio de la polémica sobre el chill out. El empresario Antonio Bottino acudió a la cita junto a su abogado, Gabriel Fiol, y una asesora. Media docena de técnicos del departamento municipal de Urbanismo les esperaban en la sala de reuniones, incluyendo al regidor Antoni Noguera.
Durante el encuentro -sobre el que se prohibió que se tomaran fotografías alegando que la prensa había sido convocada-, los responsables del bar chill out expusieron sus nuevos argumentos. Como avanzó este diario el pasado lunes, el Lolita alega que Cort autorizó previamente las obras, es decir, antes de que la Autoritat Portuària convocara el concurso para abrir el bar.
Insisten en que no hay licencia
El Ayuntamiento replicó ayer que esa autorización hacía referencia a un proyecto previo del año 2012 "que no tenía nada que ver con el de ahora", según afirmó Riera. "La propuesta del 2012 tenía mesas en el foso del fortín, no estaba tapado ni había una piscina. Sí es cierto que la Autoritat Portuària pidió más tarde al Ayuntamiento que se pronunciara sobre el nuevo proyecto y no se respondieron.
Según los servicios jurídicos municipales, no es relevante que no hubieran contestado. El silencio de Cort no se puede interpretar como favorable, porque esas obras necesitan licencia", agregó el gerente de Urbanismo.
El empresario y dueño del Lolita Beach Club aseguró que es "víctima de dos administraciones: la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Palma; si no ha habido comunicación entre ellos, nosotros no tenemos que pagar los platos rotos".
Bottino solicitó la retirada inmediata del precinto para que puedan volver a ejercer su actividad mientras los tribunales sentencian la legalidad o no de la instalación. "El personal del bar tuvo que ser despedido hace un par de días. Son treinta trabajadores que se han ido a la calle", manifestó. Para Bottino, la actitud de Cort ha sido "un despropósito" y entiende que los responsables municipales "se han precipitado" al emitir una orden de cierre del local.
