"¿Dónde están las ayudas que nos prometieron? Nos sentimos engañados y abandonados. Encontramos que los políticos nos han mentido", aseguró ayer una vecina pensionista del edificio desalojado el pasado 6 de agosto en la calle de Rafael Lluís Blanes de Pere Garau. La situación a la que deben enfrentarse ahora los residentes del inmueble es compleja. Durante un tiempo, que todavía es indeterminado, no podrán regresar a sus casas, además han tenido que hacer frente a la primera factura por el apuntalamiento y la inspección previa del bloque y continúan esperando las promesas que desde el Ayuntamiento les aseguraron el mismo día en el que tuvieron que desalojar el edificio.
El malestar es generalizado entre los propietarios e inquilinos. "No nos facilitan nada. Pedimos una cita con el alcalde y nos dijeron que sí pero luego la cancelaron alegando que estaba reunido", subrayó un vecino, que prefiere mantenerse en el anonimato. "Nos aseguraron que no nos preocupáramos, que ellos buscarían pisos pero desde Palma Habitada (un servicio municipal que ofrece vivienda en alquiler para empadronados en la ciudad) nos dicen que busquemos nosotros y lo único que nos han ofrecido ha sido un piso en Son Gotleu que nadie quiere", añadió este inquilino. "Está visto que los políticos vinieron aquí a sacarse la foto" lamentó una propietaria.
Esperando las ayudas
Pese a que los vecinos continúan esperando a que Cort cumpla con su palabra ya han tenido que hacer frente a los pagos por la inspección y el apuntalamiento del edificio.
"En mi casa solo entran dos pensiones, mil euros en total. Por ahora ya hemos tenido que pagar 4.000 euros por apuntalar y otros 750 para que vinieran a mirar el estado del bloque", comentó la vecina. Uno de los compromisos a los que se responsabilizó el Ayuntamiento fue buscarles una nueva localización donde poder asentarse hasta que, al menos, finalicen las obras.
"Esta semana las asistentas sociales se van reunir con Palma Habitada. Nos dicen que busquemos piso nosotros también por nuestra cuenta pero en verano está todo carísimo", aseguró esta vecina jubilada. "Las formas en que lo dicen es lo más doloroso. Si no tuviera la necesidad no hubiera recurrido a ellos. Para mí todo esto es la ruina", añadió. Repartidos entre viviendas de familiares y las viviendas de acogidas ofrecidas por los servicios sociales esperan con incertidumbre una solución. Por ahora llevan en esta situación desde hace veinte días, cuando Cort decretó el desalojo por posible derrumbe del edificio tras descubrir que uno de los pilares base del bloque estaba bastante debilitado.
"En el albergue en el que nos han puesto, aunque estamos muy bien, sientes que estorbas. Están hechos para estancias cortas y familias con otro tipo de problemas", explicó la propietaria. Como ya adelantó este diario, la previsión de la duración de las obras es de seis a siete meses, si no hay mayores imprevistos. "El temor que tenemos es que un día nos digan hasta aquí y nos dejen en la calle. Es demasiado tiempo", achacó. "Para colmo en octubre tendré que pagar los impuestos de un piso en el que ni siquiera puedo vivir", añadió la vecina.
Los residentes del inmueble de la calle Rafael Blanes denuncian que no se tengan en cuenta las necesidades especiales de algunas personas. "Tengo una hija de siete meses que se ha puesto enferma desde que nos desalojaron También hay personas mayores con problemas y no facilitan nada", replicó una inquilina.
Además de la ayuda en la búsqueda de una nueva casa, el nuevo gobierno se comprometió a buscar y pagar una parte de un local donde poder guardar los muebles mientras se realizan el apuntalamiento, las muestras y la obra. "Nuestro administrador ha tenido que buscarlo todo por su cuenta ya que no nos han dado nada. Nos dijeron algo de una nave en el polígono de Son Oms pero al final no se pacto nada", explicó la vecina del segundo. "Si no hay ayudas que no las hubieran prometido", añadió.
Una "pesadilla" de 20 días
Mientras se cumplen más de dos semanas de su marcha forzosa, los vecinos todavía comentan y debaten sobre el estado en el que se encuentra la finca. "Creo que no saben ni lo que tienen entre manos. Nos están haciendo gastar una burrada de dinero sin saber ni siquiera cuál era el alcance real de los daños en la estructura", explicó la propietaria. "Ya sabemos que tiene que correr de nuestra cuenta pero nos echaron por decreto de Cort y ellos fueron los que se ofrecieron", subraya.
Incertidumbre y decepción son los sentimientos que actualmente tienen los vecinos respecto a la actuación del consistorio. "Lo que queda claro es que no importa que sean de izquierdas o de derechas, aquí quien recibe los golpes es el pobre", aseguró.
